La secretaria de Bienestar de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, rechazó de manera enfática que el programa Agua para el Bienestar condicione la entrega de pipas o exija pagos a los beneficiarios. Tras la controversia por el suministro a un edificio de departamentos en la zona centro de la capital, la funcionaria ordenó revisar el caso y calificó la autorización como una petición extraordinaria que no refleja los criterios habituales del programa.
El programa actualmente opera con 100 pipas que atienden a 713 colonias de alta marginación y beneficia a más de 36 mil familias. García Chávez reiteró que el acceso al agua constituye un derecho humano y que ninguna entrega puede vincularse a aportaciones económicas ni a condicionamientos de cualquier tipo. La instrucción a los delegados busca fundamentar mejor las solicitudes extraordinarias para evitar confusiones futuras.
El gobernador Alejandro Armenta respaldó la actuación del programa y señaló que la administración estatal adquirió las pipas precisamente para suplir las deficiencias del servicio que presta Agua de Puebla. Al definir el agua como derecho y no como mercancía, el mandatario subrayó que la medida atiende un problema estructural generado por la ineficiencia de una empresa que prioriza el negocio sobre el servicio público. Esta postura refuerza la responsabilidad estatal de garantizar el suministro básico sin distinciones, incluso en situaciones que generan debate sobre los criterios de asignación.
