La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, advirtió que el gobierno saliente de Gustavo Petro busca trasladar más de 1,2 billones de pesos comprometidos para obras en La Mojana hacia la atención de la emergencia por El Niño. Según Rodríguez, esa decisión carece de sustento técnico y choca con una destinación presupuestal ya definida hasta 2029. La funcionaria, exdirectora del Dapre, remitió un concepto a Presidencia, Hacienda, la Ungrd y varios organismos de control para dejar constancia de que los recursos no están disponibles para reasignación libre.
El detonante fue el Decreto 0802 expedido el 23 de julio de 2026. En ese documento se habilita el movimiento presupuestal solicitado por el Ejecutivo. Rodríguez sostuvo que el Fondo Adaptación nunca participó en una mesa técnica previa y que la medida responde más a criterios de oportunidad política que a un análisis jurídico o financiero riguroso. La gerente recordó que los recursos ya cuentan con tres decretos aprobados y con ejecución programada hasta 2029.
Origen de los recursos y su destino específico
Los fondos en disputa provienen de la política pública construida durante más de una década para atender la región de La Mojana. Esa estrategia cuenta con respaldo de documentos Conpes y Confis, además de soportes presupuestales que vinculan el dinero a obras de adaptación y mitigación de riesgos. Rodríguez enfatizó que la disponibilidad física de los recursos no equivale a disponibilidad jurídica para cambiar su uso. Cualquier modificación, advirtió, podría generar detrimento patrimonial y afectar contratos vigentes.
Durante el Consejo de Ministros del 21 de julio, Petro instruyó el traslado de un billón de pesos del Fondo Adaptación para atender la emergencia por El Niño. El mandatario mencionó que esos recursos estaban “guardados” y destinados originalmente a la selva amazónica. Rodríguez respondió que el proyecto amazónico se financia por otra línea presupuestal, vinculada a los fenómenos de La Niña de 2010 y 2011, origen mismo del Fondo Adaptación. Esa distinción, según la funcionaria, impide mezclar las dos fuentes.
Argumentos jurídicos y riesgos señalados
Rodríguez dejó por escrito que los recursos no corresponden a saldos ociosos ni a disponibilidades libres de reasignación. El Código Penal, recordó, contempla el prevaricato por acción u omisión cuando un servidor adopta decisiones contrarias al ordenamiento jurídico. La gerente señaló que los funcionarios públicos deben administrar recursos conforme a competencias legales previamente definidas y no según criterios de oportunidad política. El documento remitido a los organismos de control también advierte sobre la ausencia de un análisis de impacto en las obligaciones contractuales y en la continuidad de la política pública en La Mojana.
La funcionaria se encuentra actualmente en incapacidad médica. En el mismo escrito vinculó esa situación a presuntos hostigamientos e indicó que ya se pusieron en conocimiento de las autoridades hechos que podrían configurar violencia institucional y violencia contra la mujer en política. Hasta el momento, ni Presidencia ni el Ministerio de Hacienda han respondido públicamente al concepto emitido por el Fondo Adaptación.
Contexto institucional y posibles consecuencias
El episodio ocurre a menos de dos semanas del cambio de gobierno. La transición hacia la administración de De la Espriella añade complejidad a cualquier decisión presupuestal de último minuto. Organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría recibieron copia del documento y podrían iniciar revisiones sobre la legalidad del traslado. Mientras tanto, la Ungrd evalúa cómo atender la emergencia sin afectar compromisos ya adquiridos en otras regiones.
El caso ilustra tensiones recurrentes entre la urgencia de atender desastres y la rigidez de las destinaciones presupuestales específicas. En Colombia, los fondos con fuente de financiamiento definida por ley o por actos administrativos previos suelen requerir trámites adicionales para su reorientación. La falta de participación del ente responsable en la elaboración del decreto 0802 ha sido señalada como un punto débil en el procedimiento seguido por el Ejecutivo saliente. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si el traslado avanza o si los argumentos presentados por Rodríguez obligan a una revisión del decreto.
