El Hospital Regional de Especialidades del ISSSTE Doctor Fernando Ocaranza en Hermosillo enfrenta desde hace varios años una infraestructura eléctrica deteriorada que ha provocado interrupciones recurrentes del servicio. La planta de emergencia y el cableado principal no reciben mantenimiento adecuado, lo que deja expuestos a pacientes en áreas críticas durante fallas que duran hasta dos horas. Una empleada del centro, que prefirió el anonimato por temor a represalias, documentó el incidente del 25 de julio cuando el suministro falló a las 20:05 horas y solo se restableció parcialmente en los pisos superiores, mientras que urgencias y terapia intensiva permanecieron sin energía por media hora.
La situación no surge de manera aislada. Durante más de una década, los presupuestos asignados al ISSSTE han priorizado la contratación de personal sobre la renovación de equipos e instalaciones. Documentos internos del instituto muestran que las solicitudes de reemplazo de la planta generadora se archivaron repetidamente por falta de recursos, lo que permitió que el deterioro progresara hasta convertir el sistema de respaldo en un componente ineficaz. Esta acumulación de decisiones postergadas explica por qué un apagón que debería durar minutos se extiende y afecta directamente a pacientes conectados a ventiladores mecánicos y máquinas de hemodiálisis.
Orígenes de la Crisis de Mantenimiento en el ISSSTE
El ISSSTE, creado en 1959 para atender a trabajadores del Estado, experimentó un crecimiento acelerado de su red hospitalaria entre las décadas de 1970 y 1990. Sin embargo, a partir de los ajustes fiscales posteriores a la crisis de 1994, las partidas destinadas a conservación de inmuebles sufrieron recortes sistemáticos. En el caso específico del hospital sonorense, reportes de auditoría de 2018 y 2021 ya señalaban deficiencias en el cableado y en la capacidad de la planta de emergencia, advertencias que nunca se tradujeron en obras. La falta de continuidad administrativa entre diferentes direcciones del instituto agravó el problema, ya que cada cambio de liderazgo reiniciaba diagnósticos sin ejecutar soluciones.
Esta trayectoria histórica coincide con patrones observados en otros nosocomios del mismo instituto en estados como Veracruz y Michoacán, donde apagones similares han obligado a trasladar pacientes en ambulancias a unidades privadas. La repetición de estos episodios indica que el deterioro no responde a fallas puntuales, sino a una política de postergación que prioriza el equilibrio presupuestal de corto plazo sobre la seguridad operativa de largo plazo.
Consecuencias Inmediatas para la Atención Crítica
Durante el apagón del 25 de julio, los monitores de signos vitales en terapia intensiva dejaron de funcionar al agotarse sus baterías internas. Los pacientes en hemodiálisis vieron interrumpido el tratamiento cuando las máquinas se detuvieron, obligando al personal a completar manualmente procedimientos que requieren precisión electrónica. Aunque no se reportaron muertes ese día, el margen de error se redujo drásticamente y expuso a los enfermos a riesgos de arritmias, hipotensión o coagulación de circuitos. El personal médico tuvo que recurrir a linternas de teléfonos celulares para continuar la vigilancia, una práctica que evidencia la ausencia de protocolos de contingencia efectivos.
La interrupción también generó un efecto dominó en el flujo de pacientes. Las urgencias no pudieron recibir nuevos ingresos mientras duró la falla, lo que derivó en acumulación de casos en el área de admisión y en la necesidad de derivar algunos pacientes a otros hospitales de la ciudad. Este desplazamiento incrementa los tiempos de respuesta y eleva los costos logísticos tanto para el instituto como para las familias que deben trasladarse.
Repercusiones en la Confianza Institucional y el Personal
La percepción de inseguridad en un hospital público de referencia erosiona la confianza de la población. Encuestas realizadas por organizaciones civiles en Sonora muestran que más del 60 por ciento de los derechohabientes del ISSSTE prefieren pagar consultas privadas cuando se trata de procedimientos de alta complejidad, precisamente por temor a fallas como las descritas. Esta migración hacia el sector privado reduce los ingresos por cuotas del instituto y limita su capacidad de inversión futura, creando un círculo vicioso de deterioro y deserción de usuarios.
Para el personal de salud, la repetición de estos incidentes genera agotamiento emocional y profesional. Médicos y enfermeras entrevistados en el mismo hospital han expresado que la necesidad constante de improvisar soluciones ante fallas técnicas distrae de la atención clínica y aumenta la probabilidad de errores. Varios especialistas han solicitado transferencias a otras unidades o han abandonado el instituto en busca de condiciones laborales más estables, lo que agrava la escasez de personal calificado en áreas críticas.
Implicaciones para la Política de Salud Pública
El caso del Hospital Ocaranza ilustra la necesidad de revisar los mecanismos de asignación presupuestal del ISSSTE y de establecer fondos específicos para mantenimiento preventivo de infraestructura crítica. La experiencia de otros países latinoamericanos que implementaron programas de renovación obligatoria de plantas de emergencia en hospitales públicos demuestra que la inversión anticipada reduce significativamente los incidentes de riesgo vital. México podría adoptar esquemas similares mediante convenios con el sector energético para garantizar redundancia de suministro y auditorías independientes periódicas.
Además, la falta de transparencia en la información sobre fallas eléctricas impide que las autoridades sanitarias realicen análisis de riesgo sistemáticos. La obligación de reportar cada interrupción mayor a quince minutos, junto con sus consecuencias clínicas, permitiría identificar patrones y priorizar intervenciones antes de que ocurran tragedias. Sin estos datos, las decisiones siguen basándose en estimaciones y no en evidencia concreta.
Perspectivas de Largo Plazo para el Sistema de Salud
Si las condiciones actuales persisten, es previsible un incremento en las tasas de complicaciones evitables entre pacientes crónicos atendidos en hospitales del ISSSTE. La interrupción repetida de tratamientos de diálisis, por ejemplo, acelera el deterioro renal y eleva la probabilidad de hospitalizaciones de urgencia más costosas. En términos macroeconómicos, el gasto en atención correctiva supera con creces el costo de un programa sostenido de mantenimiento, lo que representa una ineficiencia fiscal que afecta las finanzas públicas a escala nacional.
La modernización de la infraestructura eléctrica hospitalaria también tiene implicaciones para la transición energética del país. La instalación de sistemas híbridos con paneles solares y baterías de respaldo no solo mejoraría la resiliencia ante apagones, sino que reduciría la dependencia de combustibles fósiles y contribuiría a las metas de reducción de emisiones. Diversos estudios del sector energético mexicano indican que los hospitales representan uno de los consumidores institucionales con mayor potencial para este tipo de soluciones, siempre que exista voluntad política y mecanismos de financiamiento adecuados.
El incidente del 25 de julio en Hermosillo no constituye un hecho aislado, sino la manifestación visible de una cadena de decisiones que han debilitado la capacidad del ISSSTE para cumplir su mandato original de proteger la salud de los trabajadores del Estado. Abordar sus causas estructurales requiere combinar recursos financieros, cambios normativos y un compromiso sostenido de las autoridades con la seguridad de los pacientes.
