El 85 por ciento de las armas largas y cortas decomisadas a integrantes de los grupos delictivos La Empresa y Pura Raza Mexicle provienen de fabricantes con sede en Texas, Georgia, Illinois, Massachusetts, Tennessee, Arizona y Carolina del Sur. Los datos fueron proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General del Estado tras los operativos realizados entre el 12 y el 22 de julio en viviendas de los fraccionamientos Parajes del Sol, Bosques de Senecú y Tierra Nueva.
Detalle de los decomisos en Juárez
Las autoridades aseguraron nueve fusiles, 18 armas cortas que incluyen un revólver y una subametralladora, además de mil 180 cartuchos de distintos calibres. Las marcas identificadas corresponden a Anderson Manufacturing, Palmetto State Armory y Radical Firearms, todas disponibles en comercios de Texas y Nuevo México. El vocero de la Policía Estatal, Jorge Armendáriz, confirmó que la SSPE colabora con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos para rastrear el origen exacto mediante el sistema eTrace.
Investigadores señalaron que la ruta Juárez-El Paso continúa siendo el principal corredor de tráfico ilegal de armas entre ambos países. Mientras el gobierno estadounidense sanciona a estos grupos como organizaciones narcoterroristas, las armerías de la frontera norte registran ventas que terminan en manos del crimen organizado en territorio mexicano.
Armamento de origen europeo y otros países
Entre los artículos decomisados destaca un lanzacohetes fabricado por Saab Bofors Dynamics en Karlskoga, Suecia, con número de serie FFV87K001-016. Se trata de un sistema de un solo uso de calibre 84 milímetros empleado por fuerzas armadas internacionales. El 15 por ciento restante de las armas proviene de Croacia, Austria, Alemania, Italia y Brasil. Las autoridades indicaron que los grupos mantienen una línea de defensa activa y han modificado sus lugares de resguardo tras las detenciones recientes de Gerardo L. G., alias Tokio, y su esposa.
Operativo paralelo en Sonora
En San Luis Río Colorado, Sonora, las autoridades incautaron la madrugada del 24 de julio 81 armas largas, entre ellas dos ametralladoras calibre 7.62, una ametralladora calibre 5.56, una Browning calibre .50, 72 fusiles AK-47 y otras piezas calibre .223 y 5.56. También se recuperaron 128 cargadores, 274 mil 800 cartuchos y siete cintas eslabonadas metálicas. Todo el material fue vinculado a proveedores de Arizona y destinado al abastecimiento de grupos originarios de Sinaloa.
Contexto del tráfico fronterizo
El flujo de armamento a través de la frontera responde a una combinación de factores que incluyen la disponibilidad comercial en Estados Unidos, la demanda sostenida de los grupos delictivos mexicanos y las limitaciones de los controles de exportación. Las marcas identificadas en los decomisos de Chihuahua son de venta directa al público en armerías fronterizas, lo que facilita el desvío posterior hacia el mercado ilegal. El rastreo electrónico impulsado por la ATF permite a las agencias mexicanas obtener información sobre el primer comprador registrado, aunque el proceso suele requerir coordinación bilateral prolongada.
En el caso del lanzacohetes sueco, la presencia de un sistema diseñado para uso militar en manos de una organización criminal evidencia la existencia de cadenas de suministro más complejas que las rutas habituales de armas comerciales. Las empresas fabricantes suelen enfatizar el control de destino final, sin embargo, la realidad operativa muestra que una vez fuera del circuito oficial el armamento puede cambiar de manos varias veces antes de llegar a su destino.
Repercusiones operativas para las fuerzas de seguridad
Los decomisos recientes reflejan una mayor capacidad de respuesta de las corporaciones estatales, pero también ponen de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de inteligencia financiera y de control aduanal. La división interna reportada entre facciones de Los Mexicles ha derivado en un aumento de la circulación de armamento de alto poder, lo que eleva el riesgo para la población civil y para los propios elementos policiales. Las autoridades locales mantienen operativos de verificación en zonas urbanas identificadas como puntos de resguardo, mientras se espera el resultado de las gestiones ante la ATF para determinar si existen compradores recurrentes vinculados a redes de tráfico.
El caso de Sonora añade un elemento adicional: la incautación de ametralladoras pesadas y cintas de munición indica que los grupos involucrados buscan equipamiento capaz de enfrentar enfrentamientos de mayor escala. Las cifras de cartuchos decomisados superan con creces las cantidades habituales en operativos anteriores, lo que sugiere un incremento en la intensidad del conflicto entre organizaciones rivales.
Las investigaciones continúan en ambas entidades y las fiscalías estatales han solicitado apoyo técnico adicional para el análisis balístico y la identificación de patrones de adquisición. El intercambio de información con agencias estadounidenses se mantiene como el principal instrumento para desarticular las cadenas de suministro que alimentan la violencia en la frontera norte.
