Entre 2022 y abril de 2026, el Distrito Capital dejó de recaudar 646.599 millones de pesos en multas de convivencia debido a la ausencia de sanciones efectivas sobre los comparendos impuestos. De un potencial estimado de 670.489 millones, solo ingresaron 23.890 millones a las arcas distritales. Por cada peso cobrado, 27 permanecieron sin recaudar. La denuncia fue presentada por la Bancada del Partido Político Mira en el Concejo de Bogotá, a través de los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes Sierra, quienes se basaron en datos oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Durante ese periodo las autoridades impusieron 1.918.710 comparendos de convivencia. Sin embargo, apenas 68.632, el 3,5 por ciento, terminaron en multa efectiva. El 96,5 por ciento restante, más de 1,8 millones de expedientes, sigue represado en las Inspecciones de Policía sin decisión definitiva. Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el comparendo no es una sanción en sí mismo, sino una citación para que el presunto infractor comparezca ante la autoridad. Solo cuando el inspector resuelve el caso y la sanción queda en firme, la multa se vuelve exigible.
El caso de las armas blancas
El panorama resulta especialmente grave en el control del porte de armas cortopunzantes. En cuatro años se registraron 726.683 comparendos por esta causa, pero solo 9.404 recibieron sanción real, lo que equivale al 1,3 por ciento. El concejal Samir Bedoya Piraquive señaló que de cada cien personas sorprendidas con un arma en la calle, 98 siguieron su camino sin consecuencia alguna. El comparendo existió, pero la autoridad no avanzó en el proceso.
Las diferencias entre localidades son notorias. Antonio Nariño alcanzó un 16,76 por ciento de multas impuestas, mientras Suba reportó apenas 0,07 por ciento, Kennedy 0,21 por ciento y Bosa 0,10 por ciento. La Secretaría de Gobierno reconoció que no existen lineamientos generales para orientar a los inspectores, por lo que no hay explicación institucional documentada sobre esa disparidad.
Valores actualizados de las multas
El valor de los comparendos se actualizó en 2026 según el incremento del salario mínimo. Irrespetar a la autoridad cuesta 416.000 pesos, mientras escuchar música sin audífonos en TransMilenio asciende a 233.456 pesos. Las multas se dividen en cuatro tipos: el tipo 1 asciende a 233.456 pesos, el tipo 2 a 466.913 pesos, el tipo 3 a 933.826 pesos y el tipo 4 a 1.867.653 pesos. Quien recibe un comparendo cuenta con tres días hábiles para objetar la medida y presentar descargos ante un inspector de policía. Si no lo hace, la sanción queda en firme.
Solicitudes del Concejo
La Bancada del Mira solicitó al Distrito que revele el estado legal detallado de los casi 1,8 millones de expedientes represados y que estructure un plan de descongestión con metas trimestrales verificables, tomando como referencia el modelo de gestión de Antonio Nariño. El concejal Fabián Puentes Sierra enfatizó que cada cifra presentada proviene de la respuesta escrita del propio Distrito y que el problema radica en que los expedientes no se cierran ni se cobran.
El incumplimiento en el pago genera intereses moratorios y faculta a la administración para iniciar procesos de cobro coactivo. La plataforma Lico permite consultar el estado de los comparendos, verificar medidas correctivas pendientes y realizar pagos en línea. El Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia busca transformar comportamientos mediante programas pedagógicos y comunitarios que promuevan la corresponsabilidad y el respeto a la autoridad.
El retraso en la resolución de los comparendos afecta tanto la recaudación como la percepción de justicia en la ciudad. Cuando los procesos no avanzan, las medidas correctivas pierden efectividad y los infractores reiterados no reciben consecuencias claras. Las cifras muestran que el volumen de comparendos no es el principal obstáculo, sino la capacidad de las Inspecciones de Policía para tramitarlos hasta su cierre definitivo.
Las autoridades distritales han señalado en el pasado la necesidad de fortalecer el personal de las inspecciones y mejorar los sistemas de seguimiento. Sin embargo, hasta abril de 2026 los resultados siguen reflejando un rezago significativo. La disparidad entre localidades sugiere que factores de gestión local influyen en el porcentaje de sanciones efectivas, aunque no se han publicado análisis detallados que expliquen las causas de esas diferencias.
El Código establece que quienes incumplen ciertas sanciones deben participar además en actividades pedagógicas, especialmente en los tipos 3 y 4. Esta dimensión formativa busca reducir la reincidencia, pero requiere que el proceso sancionatorio llegue a su término para que las medidas se apliquen. Mientras los expedientes permanezcan sin resolver, esa componente educativa también queda pendiente.
