La Comisión Europea ha propuesto modificar el mercado de carbono para conceder a la industria más tiempo en la reducción de emisiones. La iniciativa mantiene el objetivo de neutralidad climática en 2050, pero ajusta los ritmos anuales de recorte de permisos a partir de 2031. La medida responde a la necesidad de evitar que el sistema se agote prematuramente y de facilitar una adaptación ordenada de los sectores más intensivos en energía.
Reducción más lenta de los derechos de emisión
Desde su creación en 2005, el ETS establece un techo anual de emisiones de CO2 para cerca de diez mil instalaciones en acero, cemento y fertilizantes. La propuesta rebaja el ritmo de contracción del volumen disponible: del 4,4 % anual hasta 2030 pasará al 3,7 % entre 2031 y 2035 y al 1,7 % entre 2036 y 2040. Según el Ejecutivo comunitario, este calendario evita el agotamiento del sistema a finales de la década de 2030 y extiende su vigencia previsible hasta mediados de los años cuarenta.
Al mismo tiempo, se endurecen las reglas para las asignaciones gratuitas después de 2030. El 80 % de estas se entregará solo tras la presentación de un plan de inversiones en descarbonización, mientras que el 20 % restante quedará condicionado a la acreditación de su ejecución. Las empresas que trasladen producción fuera de la Unión perderán el acceso a estas asignaciones. Quedan exentas aquellas que ya lideren la reducción de emisiones o reciban apoyo del Fondo de Innovación o del futuro Banco de Descarbonización Industrial.
Créditos internacionales y absorciones de carbono
A partir de 2036 se permitirá la incorporación de créditos internacionales de carbono equivalentes hasta el 2 % del volumen del ETS, siempre que cumplan criterios de calidad que la Comisión revisará en 2033. Además, se integrarán 150 millones de toneladas de absorciones permanentes generadas dentro de la Unión para impulsar el mercado de captura y almacenamiento de CO2.
La Reserva de Estabilidad del Mercado también se modifica: la tasa anual de absorción de derechos se reduce del 24 % al 12 %. El ajuste busca mantener más permisos en circulación durante más tiempo y limitar la volatilidad de precios ante la menor dimensión prevista del mercado a partir de la próxima década.
Nuevo Banco de Descarbonización Industrial
El paquete incluye la creación de un Banco de Descarbonización Industrial dotado con derechos valorados en unos 100 000 millones de euros. Funcionará primero como mecanismo temporal para acelerar inversiones en sectores de alto consumo energético y, desde 2031, evolucionará hacia contratos por diferencias de carbono adjudicados mediante subastas. El Fondo de Modernización se ampliará para financiar proyectos de captura y almacenamiento, reservando recursos para Estados miembros de menor renta per cápita.
Incorporación de residuos, aviación y transporte marítimo
La incineración de residuos municipales entrará de forma gradual en el ETS desde 2031, con excepciones temporales para algunos Estados y apoyo a autoridades locales. En aviación, el ámbito de aplicación se extenderá desde 2029 a vuelos de hasta 5 000 kilómetros con origen o destino en la Unión. En el sector marítimo, se destina mayor proporción de ingresos al desarrollo de combustibles limpios y se introducen salvaguardas contra desvío de escalas hacia puertos extracomunitarios.
Plan de electrificación paralelo
Junto a la reforma del ETS, la Comisión presentó un Plan de Acción para la Electrificación orientado a sustituir combustibles fósiles por electricidad en industria, transporte y edificios. Entre las medidas destacan la reducción de la carga fiscal sobre la electricidad, la eliminación progresiva de ayudas a combustibles fósiles y el impulso de señales de precio que favorezcan el consumo en horas de menor demanda. El objetivo es alcanzar al menos el 50 % de contadores inteligentes en 2030 y el 75 % en 2033.
El comisario de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, defendió que la propuesta busca un equilibrio entre ambición climática y viabilidad industrial. El comisario de Energía, Dan Jorgensen, subrayó que la dependencia energética exterior ha costado a Europa más de 50 000 millones de euros adicionales desde el cierre del estrecho de Ormuz, lo que refuerza la urgencia de producir energía propia y avanzar en la descarbonización.
