En México la secuencia habitual invierte el orden lógico: primero se instala la narrativa oficial y después se esperan las evidencias. El caso de Ernesto Ruffo ilustra esta práctica. La Fiscalía lo acusa de delincuencia organizada y contrabando de combustible vinculado a Ingemar, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que no existe motivación política y Omar García Harfuch describe la red como una de las más grandes del país.
La afirmación de que Ruffo deberá demostrar su inocencia invierte la carga de la prueba y debilita la presunción de inocencia. Datos del INEGI muestran que 84,1 % de la población urbana percibe la corrupción como frecuente, lo que convierte cada caso de alto perfil en herramienta comunicativa para proyectar acción institucional. Sin embargo, cuando la contundencia precede a las sentencias, el daño reputacional queda fijado antes de que los jueces resuelvan.
La corrupción se combate con instituciones imparciales, no con superlativos que sustituyen al proceso judicial. Si las acusaciones se confirman, las pruebas hablarán por sí mismas; si no, el relato ya habrá cumplido su función política.
