La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de junio de 2026, elaborada por el INEGI, sitúa a Irapuato, Culiacán, Reynosa, Villahermosa y Uruapan como las localidades donde la población percibe mayor riesgo al vivir en su entorno. El 59.8 por ciento de los encuestados en 91 zonas urbanas consideró inseguro su lugar de residencia, con una brecha notable entre mujeres (65.6 por ciento) y hombres (52.6 por ciento). Estos porcentajes no surgen de manera aislada, sino que reflejan décadas de acumulación de tensiones vinculadas al narcotráfico, la fragmentación de grupos criminales y la limitada capacidad de respuesta institucional en varias entidades.
Raíces del conflicto en el noroeste y el bajío
El caso de Sinaloa ilustra con claridad cómo la disputa entre facciones de un mismo cártel puede escalar hasta afectar a toda la sociedad. La rivalidad entre Los Chapitos y La Mayiza ha generado enfrentamientos directos en zonas urbanas y rurales, con víctimas colaterales que incluyen personas ajenas a la actividad ilícita. Esta dinámica no es nueva: desde la década de 1980, el estado ha funcionado como corredor estratégico para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, lo que atrajo inversiones criminales en infraestructura y generó redes de corrupción local. La muerte de Joaquín Guzmán Loera intensificó la lucha por el control territorial, y los enfrentamientos actuales representan una continuación de esa pugna por rutas y plazas.
En Guanajuato, el panorama presenta características distintas pero igualmente graves. La presencia de grupos dedicados al robo de combustible y al tráfico de fentanilo ha convertido a Irapuato en un punto de alta conflictividad. La competencia por el control de ductos y laboratorios clandestinos ha provocado un aumento sostenido de homicidios desde 2018, sin que las estrategias de contención logren revertir la tendencia de manera sostenida. Ambos estados comparten un historial de debilidad institucional que permite a las organizaciones criminales operar con relativa impunidad durante periodos prolongados.
Repercusiones inmediatas en la vida cotidiana
La percepción de inseguridad medida por la ENSU se traduce en cambios concretos de comportamiento entre los habitantes. En Culiacán, por ejemplo, familias enteras han modificado sus rutas de traslado y evitan ciertas colonias después del anochecer, lo que afecta el funcionamiento de comercios y el transporte público. En Irapuato, el cierre anticipado de negocios ha reducido la actividad económica nocturna y ha generado desempleo en sectores como el comercio minorista y los servicios de alimentación. Estos ajustes no son meramente individuales: cuando un porcentaje elevado de la población limita sus movimientos, se reduce la interacción social y se debilita el tejido comunitario.
En Tabasco, el incremento de la percepción de inseguridad coincide con hallazgos recientes de cuerpos en carreteras y plantaciones, como el ocurrido en la vía C-29 del municipio de Cárdenas. La ausencia de detenidos en varios de estos casos refuerza la sensación de que las autoridades locales no logran responder con eficacia, lo que a su vez alimenta la desconfianza institucional. Esta espiral afecta especialmente a las mujeres, quienes reportan mayores niveles de temor y modifican con mayor frecuencia sus hábitos de movilidad y trabajo.
Efectos sobre la economía regional y la inversión
Las entidades con alta percepción de inseguridad enfrentan dificultades para atraer o retener inversión productiva. En Sinaloa, el sector agroexportador ha reportado retrasos en la contratación de personal temporal debido al temor de trabajadores foráneos. En Michoacán, Uruapan ha visto cómo algunos proyectos de infraestructura se postergan por la necesidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para los operarios. Estos retrasos no solo afectan el crecimiento inmediato, sino que también limitan la generación de empleos formales que podrían servir como alternativa a la economía ilícita.
El Estado de México presenta un caso ilustrativo de cómo la percepción se concentra en municipios específicos. Chimalhuacán, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca aparecen en el listado del INEGI con porcentajes elevados. La cercanía con la Ciudad de México permite que parte de la actividad económica se desplace hacia zonas más seguras dentro de la misma megalópolis, pero este movimiento genera desigualdades internas y presiones sobre el transporte y los servicios públicos en las alcaldías receptoras.
Impacto en políticas de seguridad y gobernanza
Los resultados de la ENSU suelen influir en la asignación de recursos federales para programas de seguridad. Sin embargo, cuando la percepción se mantiene alta durante varios trimestres consecutivos, como ocurre en varias de las ciudades mencionadas, se genera presión sobre los gobiernos estatales para demostrar resultados visibles en corto plazo. Esta dinámica puede derivar en operativos de alto perfil que, si no van acompañados de estrategias de inteligencia y justicia penal efectivas, terminan por desplazar la violencia hacia zonas periféricas sin resolver las causas estructurales.
En Nuevo León, el aumento registrado en San Pedro Garza García y Apodaca entre marzo y junio de 2026 muestra que incluso municipios con menor tradición de violencia pueden experimentar cambios rápidos cuando se intensifican las rutas de trasiego o se producen ajustes en las alianzas criminales. La variación de 4.4 a 10.6 por ciento en San Pedro Garza García, aunque parte de niveles bajos, indica la sensibilidad del indicador ante eventos puntuales y su capacidad para anticipar problemas mayores.
Perspectivas de largo plazo para el desarrollo regional
La persistencia de altos niveles de percepción de inseguridad afecta la capacidad de las ciudades para planificar su crecimiento demográfico y urbano. Familias jóvenes tienden a emigrar hacia zonas con menor riesgo, lo que altera la pirámide poblacional y reduce la base de contribuyentes que financian servicios públicos. En el mediano plazo, esta dinámica puede profundizar la dependencia de transferencias federales y limitar la autonomía fiscal de los municipios más afectados.
Además, la exposición continua a entornos de alta violencia tiene consecuencias en la salud mental de la población, especialmente entre niños y adolescentes que crecen bajo restricciones de movilidad y temor constante. Estudios en otras regiones del país han documentado incrementos en trastornos de ansiedad y deserción escolar vinculados a estos factores, lo que compromete el capital humano disponible para el desarrollo económico futuro. Las ciudades que hoy encabezan el listado del INEGI enfrentan, por tanto, un desafío que trasciende la contención inmediata de la delincuencia y requiere intervenciones sostenidas en educación, justicia y cohesión social.
