El estudio experimental del INEGI sobre clases sociales, publicado con datos de 2020, surgió como respuesta a décadas de debates sobre cómo medir el bienestar más allá del ingreso per cápita. Desde los años noventa, México carecía de una metodología oficial que integrara variables de gasto, acceso a servicios y diferencias urbanas-rurales. El organismo retomó lineamientos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para construir estratos que reflejaran patrones reales de consumo y no solo umbrales salariales arbitrarios.
La investigación de 2010-2020 marcó un cambio respecto a clasificaciones anteriores que se limitaban a quintiles de ingreso. Al incorporar rubros como educación privada, uso de tarjetas de crédito y servicios domésticos, el INEGI reveló que la pertenencia a la clase media depende de la capacidad de un hogar para sostener gastos recurrentes sin comprometer su estabilidad. Esta aproximación respondió a críticas previas que señalaban la fragilidad de definiciones puramente monetarias ante la volatilidad económica mexicana.
Raíces históricas de la medición social
Durante el siglo XX, los intentos de clasificar la sociedad mexicana se centraron en indicadores laborales o en el tamaño de la población urbana. El crecimiento de la clase media tras la industrialización de los años cuarenta y cincuenta se midió principalmente por el acceso a empleos formales. Sin embargo, las crisis de 1982 y 1994 mostraron que muchos hogares perdían esa condición de manera repentina, lo que evidenció la necesidad de criterios más robustos que consideraran la estructura de gastos y el acceso a activos.
El estudio de 2020 incorporó lecciones de esas experiencias al analizar cómo los hogares distribuyen recursos en telefonía, recreación y cuidados médicos. Esta perspectiva histórica permite entender por qué los promedios de 22 mil pesos mensuales no funcionan como límite fijo, sino como referencia de un momento específico marcado por la pandemia.
Impacto en políticas públicas y programas sociales
La clasificación del INEGI influye directamente en el diseño de subsidios y créditos fiscales. Gobiernos estatales han utilizado estos estratos para focalizar apoyos a la vivienda o becas educativas, evitando que recursos lleguen a hogares que ya muestran patrones de consumo medio-alto. En estados como Nuevo León y Jalisco, programas de movilidad social ajustaron sus requisitos tras revisar los rangos urbanos y rurales identificados.
Además, organismos financieros internacionales han citado el estudio para evaluar la efectividad de transferencias condicionadas. Cuando un hogar supera el ingreso promedio rural de 18 mil pesos pero carece de acceso a internet, su clasificación como clase media puede modificarse, alterando la elegibilidad para créditos productivos. Esta precisión reduce errores de inclusión que antes dilataban presupuestos públicos.
Efectos en la percepción de movilidad y consumo
La distinción entre clase media baja, media y alta dentro de las zonas urbanas ha modificado estrategias de empresas de retail y servicios financieros. Cadenas de supermercados ajustaron sus líneas de productos al detectar que 55.3 por ciento de hogares medios acceden a televisión de paga, mientras que solo 31.5 por ciento envían hijos a escuelas privadas. Esta segmentación interna revela oportunidades de mercado que antes se agrupaban bajo una categoría homogénea.
En el ámbito laboral, el hallazgo de que 43.2 por ciento de estos hogares cuenta con al menos un directivo o jefe ha impulsado revisiones en políticas de capacitación. Empresas manufactureras en el norte del país observaron que la estabilidad de su fuerza media depende más de la tenencia de automóvil que del salario nominal, lo que orienta beneficios hacia esquemas de movilidad compartida.
Perspectivas de largo plazo y riesgos estructurales
La ausencia de una actualización posterior a 2020 plantea desafíos para medir el impacto de la inflación y el nearshoring. Si el ingreso promedio nacional alcanzó 25 mil pesos mensuales en 2024 según la ENIGH reciente, los hogares que en 2020 se ubicaban en el límite superior de la clase media podrían haber descendido o ascendido según su capacidad para absorber aumentos en predial y combustibles.
A nivel macro, la proporción de 42.2 por ciento de hogares medios en 2020 sugiere que cualquier contracción económica significativa podría reducir esa franja en varios puntos porcentuales. Históricamente, episodios de este tipo han incrementado la presión sobre sistemas de pensiones y salud pública al desplazar a familias hacia estratos bajos. Por ello, el marco metodológico del INEGI sigue siendo referencia indispensable para anticipar tensiones fiscales y diseñar respuestas que preserven la cohesión social sin depender de umbrales rígidos.
