Una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos determinó que 36.01 millones de dólares de los 42.4 millones compensados por un banco entre 2022 y 2025 carecen de sustento legal. La irregularidad surgió tras la detención de una red que alteraba el sistema electrónico de la DGI para borrar pagos reales de grandes contribuyentes y generar créditos fiscales ficticios.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá calificó el caso como una vulneración directa de la institucionalidad tributaria. El organismo señaló que la entidad bancaria involucrada alega haber actuado de buena fe, lo que expone la pérdida de confiabilidad en los registros estatales y el riesgo para la seguridad jurídica y la inversión extranjera.
El gremio advirtió que los contribuyentes honestos no deben asumir el costo de las fallas del Estado. Demandó reconstruir cada operación, diferenciar víctimas de posibles cómplices y aplicar controles digitales estrictos, auditorías independientes y sanciones sin excepciones. La transformación digital sin trazabilidad, señaló, abre la puerta al fraude sistemático.
El organismo insistió en que denunciar es solo el primer paso. Panamá requiere orden con severidad para recuperar la credibilidad de la DGI y evitar que redes internas sigan erosionando la confianza en los registros fiscales.
