El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto un proceso de audiencia pública sobre la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27. El trámite, que concluye el 13 de agosto, busca establecer mecanismos de retirada cuando las existencias iniciales más la producción prevista superen el 120 % de la media de las seis campañas anteriores. Esta medida solo se activaría si se constata una sobreoferta real y desajustes de mercado, según el texto sometido a consulta.
La iniciativa responde a la expectativa de una cosecha abundante el próximo año. El sector recuerda que producciones elevadas han provocado caídas bruscas de precios en el pasado, afectando la rentabilidad de miles de explotaciones. El proyecto deja en manos del operador decidir qué porcentaje de su producción retira, mientras el MAPA elaboraría posteriormente un plan de control en coordinación con las comunidades autónomas.
El umbral del 120 % como línea de defensa
El criterio de activación se basa en un cálculo histórico que promedia las seis últimas campañas. Si se supera ese 120 %, el mecanismo permite retirar aceite del mercado sin fijar cantidades fijas por adelantado. Esta flexibilidad pretende evitar la rigidez de intervenciones anteriores, donde los porcentajes se establecían de forma uniforme y generaban distorsiones entre regiones productoras.
La decisión de dejar al operador elegir la categoría de aceite a retirar introduce un elemento de mercado que antes no existía. En la práctica, los envasadores podrían priorizar la retirada de aceite lampante o virgen, reservando los de mayor calidad para la venta. Esta opción reduce el impacto económico inmediato, pero abre la puerta a debates sobre equidad entre pequeños productores y grandes industrias.
Posturas de productores frente a envasadores
Las organizaciones agrarias ven con cautela el nuevo texto. Consideran que el umbral del 120 % llega tarde para evitar la acumulación de existencias que ya se produce durante la campaña. Argumentan que los datos de producción se conocen con meses de antelación y que un mecanismo más ágil permitiría retirar volúmenes antes de que los precios se desplomen.
Por su parte, los envasadores y exportadores destacan que la norma otorga margen para gestionar stocks sin intervención directa del Estado. Señalan que una retirada obligatoria podría encarecer el producto en origen y perder cuota en mercados exteriores donde el aceite español compite con producciones de Túnez o Marruecos. La diferencia de opiniones se centra en quién asume el coste del almacenamiento durante el periodo de retirada.
Coordinación autonómica y control efectivo
El proyecto exige que el MAPA elabore un plan de control una vez activada la norma. Esta tarea requiere datos fiables de existencias y producción en cada comunidad. Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura concentran la mayor parte de la superficie, por lo que cualquier desajuste en las estimaciones autonómicas podría alterar el porcentaje global de retirada.
La experiencia de campañas anteriores muestra que los sistemas de información no siempre están sincronizados. Si una región sobreestima su producción, el umbral del 120 % podría alcanzarse de forma artificial y activar retiradas innecesarias. Esta posibilidad genera inquietud entre operadores que temen perder margen de maniobra por errores de cálculo ajenos.
Riesgos de distorsión y dependencia de estimaciones
Uno de los principales riesgos radica en la calidad de las previsiones. Si las estimaciones de cosecha se revisan a la baja tras la decisión de retirada, el mercado podría enfrentarse a escasez temporal y repuntes de precio que perjudiquen al consumidor final. El mecanismo no contempla ajustes rápidos una vez activado.
Otro punto de tensión es la posible concentración de retiradas en manos de grandes grupos. Los operadores con mayor capacidad de almacenamiento podrían absorber el porcentaje exigido con mayor facilidad, mientras que cooperativas pequeñas tendrían que vender a precios inferiores para cumplir con la norma. Esta asimetría podría acelerar procesos de concentración ya visibles en el sector.
Perspectivas a medio plazo para el mercado
Si la campaña 2026/27 confirma volúmenes elevados, la norma podría aplicarse por primera vez con estos criterios. Su efectividad dependerá de la rapidez con que se publiquen los datos oficiales y de la voluntad de las comunidades autónomas para compartir información en tiempo real. Un retraso de semanas podría hacer inútil la intervención.
A largo plazo, el sector observa que este tipo de mecanismos empuja a los productores a mejorar la planificación de plantaciones y la gestión de stocks. Sin embargo, también podría reducir el incentivo para buscar nuevos mercados o diversificar productos si la retirada se convierte en una solución recurrente. El equilibrio entre estabilidad y competitividad sigue siendo la incógnita principal que resolverá la aplicación práctica de la orden.
