El Decreto 0526 de 2026 modifica la asignación de recursos del Fondo de Energía Social y elimina, a partir del 1 de junio de 2027, la facturación comunitaria en las Áreas Rurales de Menor Desarrollo y las Zonas de Difícil Gestión del Cauca. La Compañía Energética de Occidente calcula que cerca de 178 000 usuarios, en su mayoría de estratos 1 y 2, enfrentarían incrementos de hasta el 30 % en sus facturas. El cambio responde a una redefinición de criterios para focalizar subsidios, pero ignora las características específicas de territorios con índices de necesidades básicas insatisfechas superiores al promedio nacional y pérdidas de energía superiores al 40 %.
Las Zonas de Difícil Gestión se caracterizan por dispersión poblacional, altos niveles de cartera vencida y dificultades históricas de recaudo. En estos espacios, la facturación comunitaria ha funcionado como mecanismo de intermediación que permite distribuir el beneficio del FOES entre grupos de usuarios que comparten condiciones de vulnerabilidad. Su desaparición obliga a cada hogar a asumir de manera individual el costo pleno del servicio, sin que existan alternativas de medición o pago adaptadas a la realidad rural.
El gerente general de CEO, Armando José Cuello Navarro, ha señalado que la medida transfiere el costo de una decisión normativa a las comunidades más pobres. Esta afirmación coincide con datos departamentales que muestran que el 68 % de los hogares en las zonas afectadas dependen de ingresos informales o de actividades agropecuarias de pequeña escala. Un aumento sostenido del 30 % en el servicio eléctrico reduciría el margen disponible para alimentación, educación y transporte en proporciones que estudios locales estiman entre el 12 % y el 18 % del ingreso mensual familiar.
Perspectiva de la empresa distribuidora
Para CEO, el decreto desconoce que el FOES fue diseñado precisamente para compensar las asimetrías territoriales que impiden una prestación eficiente. La empresa sostiene que la eliminación de la facturación comunitaria no genera ahorro fiscal neto, porque el incremento de la cartera morosa y las pérdidas técnicas terminarán trasladándose al resto de usuarios del departamento mediante futuros ajustes tarifarios. Esta proyección se basa en experiencias previas en otros departamentos donde la supresión repentina de mecanismos de subsidio colectivo elevó la morosidad entre 8 y 11 puntos porcentuales en dos años.
Posición de las autoridades departamentales
Alcaldes y concejales de municipios como Argelia, El Tambo y López de Micay han expresado que el cambio llega en un momento de fragilidad institucional derivada del proceso de paz. Varios de estos territorios aún carecen de infraestructura de medición individual confiable y dependen de la organización comunitaria para garantizar el pago colectivo. Las autoridades locales advierten que la ausencia de un período de transición suficiente podría generar conflictos sociales y debilitar la confianza en las instituciones estatales que promueven la sustitución de cultivos ilícitos.
Reacción de organizaciones de usuarios
Representantes de juntas de acción comunal y organizaciones de base han manifestado que el subsidio actual no solo reduce el valor de la factura, sino que también funciona como reconocimiento implícito de la deuda histórica del Estado con regiones marginadas. Para estas organizaciones, la reforma ignora que muchos hogares ya destinan más del 15 % de sus ingresos al pago de servicios públicos. Un incremento adicional los obligaría a elegir entre energía y otros bienes esenciales, situación que podría acelerar procesos de migración hacia cabeceras municipales ya saturadas.
Riesgos de sostenibilidad del sistema eléctrico
El aumento de la morosidad en zonas con pérdidas superiores al 40 % puede generar un círculo vicioso: menor recaudo, menor capacidad de inversión en mantenimiento y mayor probabilidad de racionamientos localizados. Modelos de proyección elaborados por consultores del sector indican que, si la cartera vencida crece al ritmo observado en casos similares, el costo de reposición de activos en el Cauca podría incrementarse un 22 % hacia 2030. Este escenario afecta no solo a los usuarios directos, sino también a la estabilidad financiera de la empresa y, eventualmente, a la confiabilidad del servicio en todo el suroccidente colombiano.
Escenarios de política hacia 2030
Una alternativa viable consiste en diseñar esquemas de subsidio diferenciados que reconozcan la condición de posconflicto y las limitaciones de infraestructura. Programas piloto de medición prepago con subsidio escalonado han mostrado resultados positivos en otros departamentos con características similares. Sin embargo, su implementación requiere coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía, las empresas distribuidoras y las organizaciones comunitarias, algo que hasta ahora no ha sido contemplado en el decreto. La ventana de tiempo entre la publicación de la norma y su entrada en vigor en junio de 2027 ofrece un margen reducido para construir estas soluciones sin generar interrupciones en el servicio.
El análisis de los efectos del Decreto 0526 revela que la focalización de subsidios no puede limitarse a criterios administrativos uniformes cuando las condiciones territoriales presentan diferencias estructurales profundas. La experiencia del Cauca sugiere que cualquier reforma al FOES debe incorporar variables de dispersión poblacional, nivel de cartera y contexto de violencia para evitar que los ajustes tarifarios profundicen desigualdades ya existentes.
