Estados Unidos anunciará en los próximos días nuevos aranceles dirigidos a unos 60 países, según adelantó el representante comercial Jamieson Greer. La medida busca sustituir los impuestos temporales del 10% impuestos por Donald Trump tras la anulación judicial de los recargos previos. Las investigaciones de la USTR se centran en la falta de controles efectivos contra bienes producidos con trabajo forzoso, una práctica que Washington prohíbe pero que la mayoría de socios no aplica con rigor.
La propuesta establece incrementos específicos: 10% adicional sobre importaciones mexicanas y de 13 economías más, entre ellas la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido. Para las 46 economías restantes se contempla un arancel extra del 12.5%. El plan no entra en vigor de inmediato, sino que abre un periodo de consultas de 45 días que podría modificar los porcentajes finales.
El primer ministro canadiense Mark Carney confirmó que acelerará las negociaciones del T-MEC tras los aranceles del 50% aplicados por Trump a productos canadienses. Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense amenazó con gravar hasta el 200% los medicamentos genéricos si sus fabricantes no trasladan la producción a territorio estadounidense en un plazo de tres años. Esta estrategia combina presión comercial inmediata con exigencias estructurales a largo plazo.
El enfoque revela una intención clara: convertir la defensa de normas laborales en herramienta de renegociación comercial. Al vincular aranceles con la aplicación efectiva de leyes contra el trabajo forzoso, Washington busca reequilibrar cadenas de suministro y obligar a socios clave a endurecer controles en terceros países. El resultado probable es una mayor fragmentación del comercio global y un endurecimiento de las condiciones para acceder al mercado estadounidense.
