NUEVA YORK, Nueva York.- El gobierno de Estados Unidos avanza en la preparación de una nueva serie de aranceles que podrían aplicarse a decenas de países. El representante comercial Jamieson Greer confirmó que las medidas se anunciarán en los próximos días, aunque evitó precisar la fecha exacta de entrada en vigor. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en la cadena CNBC, donde Greer respondió a reportes del Financial Times sobre posibles anuncios esta misma semana.
Greer explicó que el Ejecutivo debe cumplir con la obligación de informar al Congreso y a las partes involucradas antes de implementar cualquier gravamen. Esta responsabilidad surge tras la decisión del Tribunal Supremo que anuló aranceles previos dictados bajo una ley de emergencia, al considerar que el presidente había excedido sus facultades. En la práctica, la política arancelaria corresponde mayoritariamente al Congreso, salvo excepciones limitadas.
Investigación sobre trabajo forzoso
Durante la misma entrevista, Greer reveló que las autoridades investigan productos provenientes de 60 países por posibles prácticas de trabajo forzoso. De confirmarse las denuncias, el gobierno aplicaría aranceles adicionales amparado en la legislación que prohíbe la importación de mercancías elaboradas bajo esas condiciones. La medida abarcaría el 99 % del comercio estadounidense con esos países, según datos proporcionados por el propio representante comercial.
Las indagaciones se suman a los aranceles vigentes desde el 24 de febrero, cuya prórroga depende de la aprobación del Congreso. Greer no detalló los plazos de implementación, pero dejó claro que el proceso sigue los canales institucionales establecidos.
La investigación sobre trabajo forzoso no es la única acción reciente en materia comercial. El lunes anterior, el presidente Donald Trump anunció un arancel del 50 % a la mayoría de los productos importados desde Canadá, con entrada en vigor dentro de treinta días. Quedan excluidos la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado. La justificación oficial apunta al humo de incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario que ha afectado la costa este estadounidense.
Reacción mexicana y coordinación bilateral
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que su país figure entre los destinos de los nuevos aranceles. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que las relaciones con Washington mantienen una coordinación fluida y que las diferencias se abordan siempre dentro del marco de la soberanía nacional. La mandataria precisó que esta semana iniciarán los trabajos formales de revisión del T-MEC en territorio mexicano y que sostendrá una reunión personal con el embajador Greer para dar seguimiento a los avances.
Sheinbaum recordó que las conversaciones bilaterales se desarrollan de manera continua y que México ha mantenido una postura clara en defensa de sus intereses comerciales. Hasta el momento, no existe indicio de que las medidas anunciadas para Canadá y Brasil se extiendan al mercado mexicano.
El contexto más amplio revela una estrategia comercial estadounidense que combina investigaciones sobre prácticas laborales con respuestas a problemas ambientales transfronterizos. Los analistas observan que la superposición de medidas genera incertidumbre para los socios comerciales, aunque las excepciones previstas en el caso canadiense demuestran cierta flexibilidad en la aplicación de los gravámenes.
El Congreso estadounidense conserva la facultad de aprobar o rechazar la prórroga de los aranceles de febrero, lo que añade un elemento adicional de revisión legislativa en las próximas semanas. Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan el diálogo con sus contrapartes para garantizar que el flujo comercial bilateral no se vea afectado por decisiones unilaterales.
La combinación de investigaciones por trabajo forzoso y aranceles motivados por cuestiones ambientales ilustra la amplitud de instrumentos que la administración Trump emplea en su política comercial. Cada medida requiere justificación legal y coordinación institucional, lo que explica la cautela de Greer al no adelantar fechas concretas de implementación.
