La reunión sostenida el 24 de julio entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer marcó un nuevo capítulo en las negociaciones para la revisión del T-MEC. Estados Unidos propuso elevar el porcentaje de contenido regional exigido para que ciertos productos accedan a los beneficios arancelarios del tratado, mientras México aceptó discutir incrementos, incluso hasta el 90 por ciento, siempre que el cálculo reconozca por igual las piezas fabricadas en los tres países miembros.
El encuentro que definió la postura mexicana
Durante la conversación en Palacio Nacional, la mandataria mexicana expuso de forma directa que cualquier modificación a las reglas de origen debe considerar el valor de los componentes producidos en México con el mismo peso que aquellos fabricados en Estados Unidos. Esta condición surgió como respuesta a la intención de Washington de reducir la dependencia de insumos provenientes de fuera de Norteamérica, especialmente en sectores como automotriz, acero y aluminio. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó que los temas tratados incluyeron automóviles, agricultura, trabajo y seguridad económica, aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo sobre el cálculo del contenido regional.
Las reglas de origen actuales establecen, por ejemplo, que los vehículos de pasajeros y camionetas ligeras deben alcanzar un 75 por ciento de valor de contenido regional para recibir trato preferencial. Además, al menos el 70 por ciento del acero y aluminio adquirido por cada productor debe ser de origen norteamericano. La referencia de Sheinbaum a un posible salto del 70 al 90 por ciento no implica un cambio inmediato ni universal, sino una propuesta que se negociará sector por sector en las siguientes rondas.

Intereses contrapuestos entre Washington y Ciudad de México
Desde la perspectiva estadounidense, elevar el umbral de contenido regional busca fortalecer las cadenas de suministro internas y limitar el uso de materiales chinos o de otros orígenes en productos que luego acceden a preferencias arancelarias. Esta postura responde a preocupaciones de seguridad económica y a la presión de ciertos grupos industriales que ven en la competencia asiática una amenaza directa a empleos norteamericanos. Sin embargo, México argumenta que un cálculo que solo favorezca componentes fabricados en Estados Unidos distorsionaría el equilibrio del tratado y podría incentivar a las empresas a reubicar líneas de producción.
Los fabricantes de autopartes en México, que han invertido miles de millones de dólares en plantas orientadas al mercado norteamericano, observan con atención estas discusiones. Un cambio que no reconozca el valor regional completo podría obligarlos a modificar proveedores o absorber costos adicionales, afectando su competitividad frente a competidores que operan fuera del tratado. Por otro lado, sindicatos y trabajadores mexicanos temen que una mayor exigencia de contenido estadounidense reduzca la demanda de piezas locales y limite la creación de empleos en el sector automotriz, que representa más del 20 por ciento de las exportaciones manufactureras del país.
Impacto en las cadenas de suministro automotriz
El sector automotriz concentra la mayor parte de las tensiones. Un vehículo ensamblado en México puede incorporar motores producidos en Michigan, transmisiones fabricadas en Ontario y sistemas electrónicos desarrollados en Guanajuato. Si la nueva regla otorga mayor peso a los componentes estadounidenses, las armadoras podrían decidir trasladar parte de su proveeduría hacia el norte de la frontera para maximizar los descuentos arancelarios. Esto generaría un efecto cascada: menor demanda de piezas mexicanas, posible reducción de inversión extranjera directa y ajustes en los planes de expansión de las empresas que operan en los tres países.
Empresas como General Motors y Ford, que mantienen operaciones integradas en Norteamérica, ya evalúan escenarios donde un incremento al 90 por ciento de contenido regional obligue a renegociar contratos con proveedores asiáticos. En contraste, proveedores canadienses de acero especializado podrían beneficiarse si el cálculo regional se mantiene equilibrado, ya que su producción de alta especialización complementa la oferta mexicana y estadounidense.
El mecanismo arancelario del 25 por ciento y su vínculo con las reglas de origen
Sheinbaum también vinculó la discusión sobre contenido regional con el arancel del 25 por ciento que Estados Unidos mantiene sobre vehículos importados. Este gravamen permite descontar del cálculo el valor de los componentes fabricados en Estados Unidos, pero México busca que ese mismo descuento se extienda a las partes mexicanas. La distinción es relevante porque un vehículo puede cumplir con las reglas del T-MEC y aun así quedar sujeto a medidas unilaterales aplicadas por Washington. Si México logra que el mecanismo reconozca contenido mexicano, las exportaciones automotrices mantendrían mayor margen de maniobra frente a posibles ajustes arancelarios futuros.
Riesgos de fragmentación regional y oportunidades de estabilidad
Uno de los riesgos más mencionados por analistas es que reglas demasiado estrictas eleven los costos de producción en toda la región, lo que podría trasladarse a precios finales para los consumidores norteamericanos. Si no existen proveedores regionales suficientes para ciertos componentes especializados, las empresas enfrentarían aumentos de hasta un 15 por ciento en sus estructuras de costo, según estimaciones de consultoras del sector. Otro riesgo radica en la posible fragmentación de las cadenas de suministro, donde algunas empresas opten por concentrar producción en un solo país para evitar complicaciones administrativas.
Al mismo tiempo, existe una oportunidad para que las tres naciones acuerden un marco más estable que extienda la vigencia del tratado más allá de los diez años previstos. Sheinbaum ha señalado que México busca un acuerdo que permita dedicar las revisiones anuales únicamente a verificar el cumplimiento de compromisos, en lugar de reabrir negociaciones cada año. Un entendimiento de este tipo reduciría la incertidumbre para los inversionistas y daría predictibilidad a las cadenas de suministro durante al menos una década.
El resultado final dependerá de la capacidad de las tres delegaciones para equilibrar el objetivo compartido de fortalecer la producción norteamericana con la necesidad de preservar la flexibilidad que ha permitido el crecimiento de las exportaciones mexicanas y canadienses. Mientras no se alcance un consenso, las reglas vigentes continúan aplicándose sin modificaciones.
