El gobierno de Donald Trump cumplió su advertencia y aplicó aranceles a sesenta economías, entre ellas México, tras concluir que varios países no aplican de manera efectiva las normas que prohíben la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) determinó que México cuenta con la legislación necesaria, pero carece de mecanismos operativos para hacerla cumplir, lo que derivó en la imposición de tarifas adicionales entre el 10 y el 12.5 por ciento sobre productos mexicanos.
Investigación bajo el artículo 301
La decisión se basa en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. El 23 de julio, el titular de la USTR, Jamieson Greer, anunció las medidas definitivas ordenadas por el presidente Trump. La oficina comercial evaluó dos criterios principales: si cada economía mantiene una prohibición legal de importaciones vinculadas a trabajo forzoso y si esa prohibición se aplica de forma efectiva. México aprobó el primer requisito, pero falló en el segundo.
La definición utilizada por Estados Unidos proviene de la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930: todo trabajo o servicio exigido bajo amenaza de sanción y sin consentimiento voluntario del trabajador. La USTR considera que una prohibición efectiva debe impedir incluso cantidades mínimas de insumos derivados de esta práctica.
Legislación mexicana aprobada pero inoperante
El 17 de febrero de 2023, México publicó el Acuerdo que establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría del Trabajo. Esta norma prohíbe la entrada de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso. La USTR reconoció que la medida legal existe y que México, al igual que Canadá, la Unión Europea y otros, no omitió imponer la prohibición.
Sin embargo, la misma investigación concluyó que desde mayo de 2023, fecha en que el acuerdo entró en vigor, no se han registrado acciones concretas para bloquear productos de alto riesgo. La Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) desestimó una solicitud relacionada mediante un proceso que la USTR calificó de poco transparente y con escasa participación de sindicatos y sociedad civil.
Preocupaciones sobre reexportaciones y opacidad
Estados Unidos expresó inquietud porque mercancías rechazadas en su frontera por presunto trabajo forzoso podrían estar llegando a México y luego reexportadas. La USTR también señaló la ausencia de criterios públicos de admisibilidad, plazos definidos y procedimientos claros para intercambiar información con autoridades aduaneras de otros países. Estas deficiencias impiden que la prohibición mexicana produzca el efecto deseado de disuadir el comercio vinculado a trabajo forzoso.
A pesar de estos hallazgos, la USTR reconoció que México ha mantenido un diálogo de buena fe para atender las observaciones estadounidenses. Esta disposición al diálogo contrasta con la conclusión final de que la aplicación práctica de la norma sigue siendo insuficiente.
Contexto del T-MEC y socios comerciales
La investigación incluyó a Canadá, el otro socio del T-MEC, que actualmente atraviesa su proceso de revisión. Ambos países fueron examinados bajo los mismos parámetros. La medida arancelaria llega en un momento en que el tratado trilateral enfrenta tensiones adicionales derivadas de revisiones programadas y disputas sectoriales previas.
La imposición de tarifas no se limita a México. Afecta a sesenta economías en total y refleja una estrategia más amplia de Washington para vincular el acceso al mercado estadounidense con el cumplimiento de estándares laborales internacionales. Para México, el impacto recae principalmente en sectores exportadores que dependen del mercado norteamericano, aunque algunas partidas podrían quedar exentas si demuestran cumplimiento con las reglas de origen del T-MEC.
Implicaciones para el comercio bilateral
El caso ilustra cómo las normas sobre trabajo forzoso se han convertido en un instrumento de política comercial con consecuencias directas sobre aranceles. Mientras México mantiene la legislación formal exigida por sus compromisos internacionales, la falta de casos resueltos y de procedimientos operativos visibles genera escepticismo en Washington. La USTR espera que la presión arancelaria motive mejoras en los controles aduaneros mexicanos antes de la próxima revisión del T-MEC.
Las empresas mexicanas enfrentan ahora la necesidad de documentar de manera más rigurosa la cadena de suministro de sus productos. Aquellas que logren certificar la ausencia de insumos vinculados a trabajo forzoso podrían evitar el pago de los nuevos aranceles, siempre que cumplan también con los requisitos del tratado comercial.
