La pérdida anual superior a 2.6 billones de colones por evasión fiscal obliga al gobierno costarricense a replantear su estrategia recaudatoria. Esta cifra equivale a más de 5.600 millones de dólares y representa un obstáculo directo para proyectos de infraestructura que ya se financian con deuda externa. La campaña institucional lanzada por la Presidencia de Laura Fernández busca visibilizar el fenómeno como un problema estructural, no solo como un delito aislado.
La magnitud del problema revelada
El Ejecutivo ha detallado que esta evasión impide financiar en un solo año obras como la Ruta 1, la Marina de Limón y el tren eléctrico. El video oficial muestra casos de subvaluación aduanera donde una carga declarada en 300 dólares alcanza un valor real de 50.000 dólares. Esta práctica, según el ministro de Hacienda Víctor Julio Carvajal, se concentra especialmente en vehículos de lujo y productos importados sin registro sanitario.
Los operativos recientes de la Policía de Control Fiscal decomisaron más de 60.000 litros de licor, 23 millones de cigarrillos y dos toneladas de alimentos en zonas como Barrio Chino, Grecia y Heredia. Más de 250 visitas a comercios en dos meses evidencian un esfuerzo renovado por cerrar portillos, aunque el ministro Rodrigo Chaves ha señalado que más de 400.000 millones de colones siguen pendientes en el Poder Judicial.
Una de las tres visiones centrales: la campaña como herramienta política
La primera visión original sostiene que la ofensiva mediática responde tanto a necesidades fiscales como a un cálculo político de posicionamiento. Al presentar la evasión como “el robo del siglo”, el gobierno busca generar apoyo ciudadano para reformas judiciales que agilicen procesos pendientes desde hace años. Esta estrategia puede aumentar la presión sobre el Poder Judicial, pero también corre el riesgo de simplificar un problema que involucra redes organizadas de contrabando y simulación de independencia empresarial.
Segunda visión: impacto desigual en sectores productivos
La segunda perspectiva destaca que los mayores afectados no son solo las arcas públicas, sino los sectores formales que compiten con importaciones subvaluadas. Empresas locales de alimentos y bebidas enfrentan competencia desleal cuando productos sin impuestos inundan el mercado. Esta distorsión reduce la inversión privada y ralentiza la creación de empleo formal, especialmente en regiones como Alajuela y Heredia donde se intensificaron los controles.
Tercera visión: el factor judicial como cuello de botella
La tercera visión apunta al sistema judicial como el verdadero limitante estructural. Con más de 400.000 millones de colones en litigio, cualquier reforma que agilice trámites tributarios tendrá efectos limitados si no se aborda la acumulación de casos. El relevo en la cúpula de control fiscal puede mejorar la detección inicial, pero sin cambios en la resolución judicial la recuperación efectiva seguirá siendo baja.
Perspectivas de distintos actores involucrados
El sector empresarial formal apoya la exigencia de facturas en cada transacción, aunque advierte que controles excesivos podrían encarecer operaciones legítimas. Por otro lado, importadores de vehículos de lujo cuestionan la metodología de valoración aduanera y temen que reformas futuras incrementen sus costos operativos. Desde la sociedad civil, organizaciones de contribuyentes exigen mayor transparencia en el destino de los recursos recuperados, mientras que el gobierno insiste en que la prioridad es cerrar portillos legales antes de ampliar la base tributaria.
Riesgos de implementación y efectos colaterales
Uno de los riesgos identificados es que el endurecimiento de controles desplace la evasión hacia canales digitales o nuevas estructuras de simulación empresarial. Otro riesgo radica en la posible erosión de confianza si los operativos se perciben como selectivos o insuficientemente respaldados por resultados judiciales concretos. La dependencia de campañas mediáticas también puede generar fatiga ciudadana si no se traducen en recaudación efectiva a mediano plazo.
Escenarios futuros probables
En el corto plazo, se espera la presentación de una reforma legal para acelerar procesos tributarios, lo que podría liberar parte de los 400.000 millones pendientes. A mediano plazo, la combinación de tecnología de rastreo aduanero y mayor intercambio de información con países vecinos podría reducir la subvaluación sistemática. Sin embargo, el éxito dependerá de que el gobierno mantenga la prioridad más allá del ciclo político actual y logre coordinar acciones entre Hacienda, aduanas y el Poder Judicial.
La experiencia de los últimos dos meses muestra que los decomisos han alcanzado valores superiores a 29 millones de colones, pero esta cifra representa apenas una fracción del total evadido anualmente. El verdadero indicador de éxito será la reducción sostenida de la brecha entre lo declarado y lo realmente importado, junto con un aumento verificable en la recaudación sin necesidad de elevar tasas impositivas.
