Tres familias concentraron más de la mitad de los pedidos de un millón y medio de toneladas de carbón que la Comisión Federal de Electricidad adjudicó recientemente en Coahuila. El reparto se realizó entre parientes cercanos sin que las empresas beneficiadas cuenten con minas propias para extraer el mineral. Esta situación contraviene el compromiso asumido por el gobierno estatal con la presidenta Claudia Sheinbaum de priorizar a productores locales para generar empleo en la región carbonífera.
Los carboneros afectados señalaron que el proceso de licitación favoreció a los apellidos García, Fuentes Valdés —a través de la figura conocida como “Barry”— y Yutani Kuri, representada por “Machis”. Los contratos se distribuyeron entre hermanos, suegros y padres de estas familias, dejando fuera a más de cuarenta minas que ya operaban en la zona. Los productores locales sostienen que cumplieron todos los requisitos técnicos y administrativos, pero fueron descartados sin explicación formal durante la evaluación.
Compromiso estatal incumplido
El acuerdo entre las autoridades de Coahuila y el gobierno federal buscaba reactivar la economía de la zona carbonífera mediante la asignación directa de volúmenes a pequeños y medianos productores. La cesión de la Plaza de Toros “Armillita” formó parte de las gestiones previas para garantizar que empresas regionales participaran en el suministro. Sin embargo, los nombres de José Luis Guadiana y de la senadora Cecilia Guadiana quedaron fuera de los contratos finales, al igual que los de César Ceniceros, líder de la Unión Nacional del Carbón, Wicho Rodríguez, los Jiménez Pader y los Espinoza Tijerina.
Los empresarios que resultaron afectados han solicitado una audiencia con el gobernador Manolo Jiménez para exponer su caso. Aunque reconocen que las decisiones de la CFE tienen carácter federal, esperan que el Ejecutivo estatal intervenga para revisar los criterios de adjudicación y evitar que el favoritismo hacia intermediarios sin infraestructura minera se repita en futuras licitaciones.
Procedimiento de adjudicación cuestionado
Los productores mineros argumentan que el funcionario responsable de la licitación aplicó criterios no transparentes que permitieron el “coyotaje”. Según su versión, las tres familias mencionadas no demostraron capacidad de extracción propia y, sin embargo, obtuvieron volúmenes superiores al cincuenta por ciento del total solicitado. Esta concentración reduce las oportunidades de trabajo directo en las minas locales y traslada los beneficios económicos hacia grupos que actúan como intermediarios.
La instrucción presidencial de apoyar a las familias mineras de la región fue ignorada durante el proceso, según las denuncias recogidas entre los afectados. Los carboneros consideran que la falta de explicaciones sobre las eliminaciones viola los principios de publicidad y competencia que deben regir las contrataciones públicas de la empresa productiva del Estado.
Repercusiones para la economía regional
La región carbonífera de Coahuila enfrenta desde hace años una contracción en la actividad minera debido a la transición energética y a la caída en la demanda de carbón. La adjudicación de contratos a productores locales representaba una de las pocas vías para mantener empleos directos e indirectos en municipios que dependen históricamente de esta industria. Al concentrarse los pedidos en tres grupos familiares sin minas, el efecto inmediato es la suspensión temporal o definitiva de operaciones en decenas de pozos ya registrados.
Los empresarios que quedaron fuera del listado han manifestado su disposición a cumplir con los volúmenes y especificaciones técnicas requeridas por la CFE. Consideran que una revisión del expediente de licitación podría aclarar si existieron irregularidades en la calificación de propuestas y permitir una redistribución más acorde con el compromiso federal de fortalecer la cadena productiva local.
El caso ha generado expectativa entre los actores del sector sobre los mecanismos de supervisión que aplicará la CFE en las siguientes etapas de contratación. Mientras tanto, los productores afectados mantienen la expectativa de que las instancias estatales y federales atiendan sus planteamientos antes de que se concrete la ejecución de los contratos ya firmados.
