La Comisión Nacional de Energía ha identificado 4,424 megawatts de capacidad eólica que operan bajo permisos de autoabastecimiento heredados de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que representa el 54% de la potencia eólica instalada en el país. Estos permisos, vigentes desde antes de 2014, deben transitar hacia títulos de generación conforme al marco legal actual para otorgar certeza jurídica a sus titulares y mantener tarifas de transmisión congeladas hasta 2028.
Alcance de los permisos vigentes
Al 30 de junio de 2026, el regulador reporta 220 permisos de autoabastecimiento en operación con una capacidad total de 7,925 megawatts. De estos, 42 títulos corresponden a parques eólicos por 4,424 megawatts, distribuidos principalmente en Oaxaca, Baja California, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila. Estos proyectos generan anualmente 15,402 gigawatts-hora, equivalentes al 2.8% de la energía producida en México, y han recibido inversiones acumuladas de 9,066 millones de dólares desde 1991.
La capacidad eólica total instalada en operación alcanza 8,182 megawatts según datos de la Comisión Nacional de Energía, por lo que los proyectos bajo autoabastecimiento representan más de la mitad del parque eólico nacional. Esta situación deriva de un esquema creado hace más de dos décadas que permitió sumar hasta 77,000 clientes como socios beneficiados con precios preferenciales.
Polémica regulatoria previa
Durante el sexenio anterior, el modelo generó controversia al facilitar lo que autoridades definieron como un mercado negro entre generadores y consumidores que eludían el pago completo de tarifas de transmisión, dejando a la Comisión Federal de Electricidad fuera de la cadena comercial. La Asociación Mexicana de Energía Eólica ha señalado que alrededor de 50 proyectos eólicos con 4.5 gigawatts permanecen bajo este régimen, confirmando la necesidad de una transición ordenada.
Avances en la migración voluntaria
Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la Comisión Nacional de Energía ha procesado 52 solicitudes de migración de permisos de marcos anteriores. Quince de ellas corresponden a autoabastecimiento, incluidas siete plantas eólicas, mientras el resto abarca fotovoltaicas, ciclos combinados, biomasa y cinco solicitudes de cogeneración. El proceso se sustenta en los Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación que establecen seis modalidades de transición voluntaria hacia la Ley del Sector Eléctrico.
Entre las opciones destacan la migración de centrales eléctricas, la incorporación conjunta de centrales y centros de carga al mercado eléctrico mayorista, la conversión de usuarios finales en usuarios calificados, la transición al suministro básico, el autoconsumo interconectado y el autoconsumo aislado. La CFE, a través de su filial CFE Calificados, ofrece acompañamiento técnico a las sociedades que opten por migrar, un trámite sin pagos adicionales de derechos ni obras de interconexión nuevas.
Perspectivas técnicas y regulatorias
El Taller Exploratorio de Repotenciación de Centrales Eólicas organizado recientemente por la Comisión Nacional de Energía permitió intercambiar experiencias sobre optimización de infraestructura y mecanismos de migración. Especialistas coincidieron en que la transición otorga estabilidad jurídica y preserva condiciones tarifarias favorables hasta 2028, elementos clave para mantener la viabilidad económica de los proyectos.
El esquema actual busca equilibrar los intereses de los permisionarios con las reglas del mercado eléctrico mayorista, evitando la fragmentación que caracterizó al modelo anterior. La participación voluntaria y la simplificación administrativa constituyen incentivos concretos para que los titulares completen el proceso sin interrupciones operativas.
Implicaciones para el sector
La migración representa una oportunidad para integrar de manera ordenada una porción significativa de la capacidad renovable al marco vigente. Al mismo tiempo, plantea retos administrativos para coordinar a múltiples actores y garantizar que los centros de carga puedan agruparse bajo la figura de usuario calificado representado por un suministrador. El éxito del programa dependerá de la agilidad con que el regulador atienda las solicitudes pendientes y de la disposición de los permisionarios para completar la transición dentro de los plazos establecidos.
