El incremento de la pobreza extrema entre 2019 y 2025, según datos de la encuesta de hogares analizados por el economista César Villalona, plantea interrogantes sobre la estabilidad social y económica de El Salvador. El porcentaje de familias en esta condición pasó del cuatro al siete por ciento en zonas urbanas y del cinco al diez por ciento en áreas rurales. Esta evolución no solo refleja dificultades para acceder a la canasta básica, sino que también abre la puerta a transformaciones más amplias en la estructura productiva y en las expectativas de la población.
Uno de los efectos inmediatos se observa en la capacidad de los hogares para sostener patrones de consumo básicos. Cuando los ingresos resultan insuficientes para cubrir veintidós productos en la ciudad o quince en el campo, las familias deben reasignar recursos que antes destinaban a educación o salud preventiva. Esta reasignación puede generar, a mediano plazo, una reducción en la acumulación de capital humano, especialmente entre niños y jóvenes que enfrentan limitaciones alimentarias recurrentes.
Al mismo tiempo, el aumento de la informalidad laboral hasta el setenta por ciento de la población ocupada introduce una dinámica ambivalente. Por un lado, la expansión de actividades no reguladas permite a muchas personas generar ingresos mínimos ante la pérdida de empleos formales en maquilas, industria y agricultura. Por otro, esta misma expansión debilita la recaudación fiscal y reduce la cobertura de seguridad social, limitando los mecanismos de protección ante futuras crisis.
Repercusiones en la percepción social y la cohesión
El setenta y uno por ciento de la población que califica negativamente la situación económica, según la encuesta de la UCA, indica un deterioro en la confianza institucional. Esta percepción puede traducirse en menor disposición a participar en programas de formalización o en iniciativas de inversión local. Sin embargo, también puede actuar como catalizador para que organizaciones comunitarias y actores privados diseñen soluciones complementarias, como redes de apoyo alimentario o microemprendimientos orientados al mercado interno.
Efectos sobre la migración y las remesas
La brecha entre el salario mínimo y el costo de vida, que supera los 525 dólares mensuales en zonas urbanas, refuerza la dependencia de las remesas. Aunque estos flujos han permitido a muchos hogares evitar caer en condiciones más severas, su carácter volátil introduce incertidumbre. Una desaceleración en el envío de recursos desde el exterior podría amplificar las carencias actuales, mientras que un aumento sostenido podría aliviar presiones sobre el consumo pero no resolver la falta de empleo calificado para quienes retornan.
Riesgos para la productividad y el crecimiento
La pérdida neta de empleos en sectores como la agricultura, la industria y las maquilas reduce la base de trabajadores con experiencia formal. Esta reducción puede frenar la adopción de tecnologías que requieren mano de obra capacitada y limitar la capacidad de respuesta ante oportunidades de nearshoring. No obstante, los nuevos puestos creados en construcción y finanzas, aunque insuficientes en volumen, ofrecen un margen para reconvertir perfiles laborales si se implementan programas de capacitación focalizados.
Desafíos en el acceso a servicios básicos
La transición de hogares desde la pobreza relativa hacia la extrema reduce la demanda solvente de vivienda, energía y transporte. Esta contracción puede desincentivar la inversión privada en estos rubros, generando un círculo de menor calidad de servicios. Al mismo tiempo, la visibilidad del problema podría motivar alianzas entre gobierno y sector privado para priorizar proyectos de infraestructura que atiendan simultáneamente necesidades sociales y de empleo.
Incertidumbres en la respuesta de política pública
El contexto actual deja abierto el margen de maniobra de las autoridades. Un enfoque centrado exclusivamente en contención de precios podría aliviar tensiones inmediatas, pero sin medidas que restauren el empleo formal el efecto sería temporal. Por el contrario, estrategias que combinen incentivos a la formalización con protección social ampliada podrían estabilizar el mercado laboral, aunque su implementación enfrenta restricciones fiscales derivadas de la propia informalidad creciente.
Perspectivas sobre la resiliencia de los hogares
La dependencia de ingresos externos y actividades informales ha demostrado capacidad de adaptación en periodos previos. Esta resiliencia puede servir de base para diseñar políticas que reconozcan la realidad del mercado laboral salvadoreño en lugar de intentar replicar modelos de formalidad importados. El riesgo principal radica en que esa misma adaptabilidad se normalice y se acepte como sustituto de reformas estructurales más profundas.
En conjunto, el aumento de la pobreza extrema configura un escenario donde las presiones sobre el tejido social y productivo conviven con oportunidades limitadas para reorientar el modelo de desarrollo. La evolución de estos factores dependerá tanto de variables externas, como el comportamiento de las remesas y la demanda regional de mano de obra, como de decisiones internas sobre empleo y protección social.
