Fitch Ratings ha señalado que la decisión de someter el T-MEC a revisiones anuales introduce un nivel de imprevisibilidad que podría limitar la llegada de capital privado a México y, en consecuencia, obligar a Pemex y CFE a absorber una porción mayor de los proyectos del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. Esta advertencia no parte de una crisis inmediata del tratado, sino de la constatación de que las empresas estatales ya operan con márgenes financieros estrechos y que cualquier incremento adicional en sus responsabilidades de inversión podría acelerar el deterioro de sus balances.
El mecanismo de revisiones anuales como factor de riesgo
El T-MEC sigue vigente hasta 2036, pero la ausencia de una renovación automática por dieciséis años ha sustituido la certidumbre plurianual por un ciclo de negociaciones anuales. Fitch observa que este esquema mantiene las reglas comerciales actuales, aunque las deja expuestas a ajustes constantes. Para sectores que requieren compromisos de capital a cinco o diez años, como energía e infraestructura, la posibilidad de cambios regulatorios cada ejercicio fiscal altera la ecuación de riesgo-retorno y puede llevar a las empresas a posponer decisiones o a exigir mayores garantías antes de comprometer recursos.
La experiencia de otros tratados con cláusulas de revisión periódica muestra que la incertidumbre tiende a concentrarse en los años previos a cada evaluación. En el caso mexicano, esto coincide con el arranque del Plan México 2030, que contempla 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta distribuidos en mil 500 proyectos, de los cuales 54 por ciento corresponde al sector energético y 36 por ciento al transporte.
Capacidad real de Pemex y CFE para absorber más proyectos
Pemex enfrenta un requerimiento promedio de 12 mil millones de dólares anuales en inversión, mientras que el gobierno federal ya prevé destinarle más de 10 mil millones de dólares en apoyos durante 2026 para cubrir servicio de deuda y liquidez. Si la petrolera debe ejecutar además una fracción significativa de los proyectos energéticos del plan, el margen para destinar recursos a mantenimiento y exploración se reducirá aún más. Fitch estima que la empresa continuará dependiendo del respaldo federal, lo que traslada parte del riesgo operativo directamente al erario.
CFE, por su parte, tiene programada una expansión de 28 mil 200 millones de dólares entre 2026 y 2030 para incorporar 12.6 gigawatts de capacidad. La agencia calcula que el gasto de capital representará cerca de 20 por ciento de sus ingresos y que el flujo de caja libre permanecerá negativo durante todo el periodo. Un incremento en la proporción de proyectos que debe financiar con recursos propios elevaría esa presión sin que exista evidencia de que la empresa pueda generar los retornos necesarios para compensarla.
Perspectivas de inversionistas privados frente al gobierno federal
Los inversionistas privados valoran la estabilidad de las reglas por encima de incentivos puntuales. La falta de definiciones claras sobre distribución de riesgos, rentabilidad esperada y mecanismos de resolución de controversias ya limitaba su participación antes de la incertidumbre del T-MEC. Con revisiones anuales en el horizonte, muchas firmas optarán por escenarios conservadores: reducir montos comprometidos, exigir cláusulas de salida más flexibles o redirigir capital hacia jurisdicciones con tratados de mayor duración.
El gobierno federal, en cambio, mantiene que el tratado sigue vigente y que las revisiones anuales no equivalen a una renegociación permanente. Sin embargo, la ausencia de capital privado suficiente obligaría a replantear el ritmo de ejecución del plan o a incrementar el apoyo directo a Pemex y CFE, lo que a su vez amplía la exposición fiscal del Estado.
Riesgos de concentración estatal y efectos en la competitividad
Una mayor participación de las empresas productivas del Estado en proyectos de infraestructura energética y de transporte puede generar beneficios de corto plazo en términos de ejecución, pero también concentra riesgos. Pemex y CFE ya presentan indicadores de apalancamiento elevados y dependen de transferencias federales. Ampliar su mandato de inversión sin una reforma estructural que mejore su eficiencia operativa aumenta la probabilidad de que los pasivos se trasladen al balance público.
Además, la percepción de que México depende cada vez más de vehículos estatales para cumplir metas de infraestructura puede influir en la percepción de riesgo país. Fitch ha indicado que no anticipa acciones negativas inmediatas sobre las calificaciones de empresas mexicanas por la no renovación automática del T-MEC, pero sí prevé una mayor diferenciación entre compañías con balances sólidos y aquellas con perfiles más presionados.
Trayectoria probable hacia 2030
Si la inversión privada se mantiene por debajo de las expectativas, el gobierno tendrá que decidir entre reducir el alcance del Plan México 2030, modificar sus esquemas de financiamiento o reforzar el apoyo a Pemex y CFE. Cada una de estas opciones tiene costos: menor crecimiento de infraestructura, mayor presión fiscal o deterioro adicional de los perfiles crediticios de las dos empresas estatales. La evolución de las revisiones anuales del T-MEC actuará como variable externa que puede acelerar o mitigar estos efectos según el tono de las negociaciones entre los tres países.
En este escenario, la capacidad de México para atraer capital de largo plazo dependerá menos de la existencia formal del tratado y más de la percepción de que las reglas comerciales y regulatorias mantendrán estabilidad durante periodos de varios años. Mientras esa percepción no se restablezca, el margen de maniobra de Pemex y CFE seguirá estrechándose.
