El 7 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el aseguramiento de 129 carrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible de origen ilícito en Coahuila. Entre las empresas bajo investigación por posibles irregularidades en la importación destaca Ingemar S.A. de C.V., una compañía mexicana autorizada para traer hidrocarburos desde Estados Unidos.
Las autoridades detectaron que dos firmas, la estadounidense Belar Fuels y la mexicana Ingemar, podrían haber utilizado documentación alterada para ingresar volúmenes superiores a los permitidos. Este caso se suma a los esfuerzos federales por controlar el tráfico ilegal de combustibles que afecta tanto la recaudación fiscal como la seguridad energética del país.
Constitución y accionistas de Ingemar
Ingemar S.A. de C.V. fue constituida en 2018 en la Ciudad de México por José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thomson Navarro. Su accionista mayoritario es el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La empresa se dedica a la importación y comercialización de gasolinas y diésel, con el objetivo declarado de atender zonas donde la distribución de combustibles presenta vacíos logísticos.
En diciembre de 2023, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la empresa obtuvo cuatro permisos para importar 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular, gasolina premium y turbosina provenientes de Estados Unidos. En 2024, el director general de Petrolíferos de la Secretaría de Energía renovó autorizaciones por un valor de 279 millones de dólares para operaciones en 2025.
Operaciones bajo sospecha
Documentos obtenidos por N+ revelan que Ingemar habría registrado operaciones de compra inferiores a las reales. Según las facturas atribuidas a Belar Fuels Company, la empresa declaró adquisiciones menores a 20 mil litros, cuando en realidad habría ingresado hasta 110 mil litros en algunos casos. Esta discrepancia permite evadir el pago de impuestos correspondientes al volumen efectivo importado.
El caso más visible involucra los 129 ferrotanques asegurados en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila. Estos vagones reportaron apenas el 10 por ciento de la carga real transportada. Las autoridades también identificaron el uso de números clonados de facturas y pedimentos en la terminal de carga Servicio Ferrovial de Monterrey, en Escobedo, Nuevo León, así como en estaciones ferroviarias de Coahuila.
Participación de otras empresas
La investigación menciona a Crismon Hidrocarburos y Derivados como otra entidad que habría facilitado el movimiento de combustible dentro del territorio nacional. Esta compañía recibió copias de documentos falsificados para registrar operaciones ante el Sistema de Operación Integral Aduanera. Los puntos de entrada y distribución coinciden con las rutas utilizadas por Ingemar, lo que sugiere posibles redes compartidas de logística.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido cargos formales contra los directivos de Ingemar. La empresa mantiene sus permisos vigentes mientras continúa la revisión de los pedimentos y facturas presentados en los últimos meses.
Contexto del mercado de importaciones
El esquema de importación de hidrocarburos en México exige que las empresas declaren volúmenes exactos y paguen los impuestos correspondientes en aduanas. Cuando se detectan diferencias entre lo reportado y lo transportado, se activan protocolos de investigación por posible contrabando técnico. El caso de Ingemar ilustra las dificultades que enfrenta la autoridad para verificar en tiempo real la carga que cruza la frontera por ferrocarril.
El decomiso de julio representa uno de los operativos más grandes registrados en Coahuila en lo que va del año. Las 15 millones 480 mil litros asegurados equivalen a una porción significativa de la demanda mensual de algunas regiones del norte del país. Las investigaciones buscan determinar si existió connivencia entre importadores, transportistas y operadores de terminales para subdeclarar volúmenes de manera sistemática.
El gobierno federal ha reforzado la vigilancia en rutas ferroviarias que conectan Texas con el noreste mexicano. Sin embargo, la complejidad de los documentos aduaneros y la velocidad de las operaciones dificultan la detección oportuna de irregularidades. El caso de Ingemar y Belar Fuels podría sentar precedente sobre cómo se auditarán futuras renovaciones de permisos de importación.
