Durante 2025 ingresaron 157 mil 457 personas a centros penitenciarios y especializados de México, un incremento de 19.2% frente a 2024. El Inegi reportó que 155 mil 579 fueron adultos y mil 878 adolescentes, con Baja California, Estado de México y Sonora concentrando el mayor volumen de entradas.
Al cierre del año, 42.2% de la población privada de libertad carecía de sentencia. Entre las mujeres la cifra alcanzó 52.6%, superando el 41.5% registrado en hombres. Esta brecha revela que la prisión preventiva afecta de forma desproporcionada a las mujeres y evidencia demoras persistentes en los procesos judiciales.
La ocupación promedio llegó a 112.8 personas por cada 100 espacios disponibles. En los centros estatales y para adolescentes la tasa subió a 119.2, con Nayarit y Estado de México superando el doble de su capacidad. El aumento de ingresos sin resolución judicial oportuna agrava el hacinamiento y presiona la operación del sistema penitenciario.
La ausencia de datos completos de Ciudad de México impide una visión nacional integral, pero los indicadores disponibles muestran que el crecimiento de detenciones no se acompaña de mayor eficiencia judicial. El resultado es un sistema que ingresa más personas y retiene a muchas sin sentencia, especialmente mujeres.
