Durante años México atrajo inversión por su cercanía con Estados Unidos y tratados comerciales. Hoy esas ventajas resultan insuficientes. Los inversionistas preguntan primero por la disponibilidad de electricidad suficiente para operar durante décadas, seguidas de agua, transmisión y logística integral. La decisión de instalar una planta depende ya de un ecosistema completo y no de una sola variable.
La Secretaría de Energía impulsa más de seis gigawatts de renovables con almacenamiento mediante esquemas mixtos con CFE. Se suma el primer proyecto público de hidrógeno verde en Mulegé. Paralelamente, Hacienda movilizará 5.6 billones de pesos hasta 2030, con más de la mitad destinados al sector energético. Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar reportan seis polígonos en obra con más de 4.490 millones de dólares invertidos en el primer trimestre de 2026.
De agenda ecológica a factor de competitividad
La transición energética dejó de ser solo obligación ambiental. Empresas tecnológicas, automotrices y manufactureras exigen suministro confiable y de baja huella de carbono para mantener cadenas globales. Sin embargo, la generación no basta: la red de transmisión saturada bloquea proyectos en regiones de alto interés. Los planes de inversión mixta buscan resolver ese estrangulamiento sin depender solo de recursos públicos.
El nuevo mapa industrial exige coordinar energía, agua, suelo y logística en un mismo perímetro. Los estados que logren esa integración concentrarán la siguiente ola de inversión. El hidrógeno verde y la ampliación de Puerto Peñasco a mil megawatts marcan el inicio de esa estrategia. Ningún recurso geográfico genera prosperidad por sí solo; solo la capacidad de organizarlos define el resultado.
