La instrucción emitida por la gobernadora María Eugenia Campos Galván durante la Mesa Estatal de Construcción de Paz revela un enfoque renovado hacia comunidades rurales que han enfrentado condiciones de vulnerabilidad prolongada. La comunidad de Cinco Llagas, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, representa uno de los puntos donde el Estado ha decidido intensificar su presencia institucional después de periodos de inestabilidad marcados por la presencia de grupos delictivos y la escasa infraestructura básica.
Raíces históricas de la inseguridad en la sierra chihuahuense
Guadalupe y Calvo forma parte de la región serrana de Chihuahua que desde finales del siglo pasado ha registrado ciclos recurrentes de violencia vinculados al tráfico de drogas y al control territorial. Las comunidades aisladas como Cinco Llagas han sufrido desplazamientos internos, interrupción de servicios educativos y sanitarios, así como la erosión de las redes de confianza entre vecinos. Los antecedentes incluyen operativos militares esporádicos que, aunque lograron reducir la visibilidad de los grupos armados, dejaron rezagos en la reconstrucción del tejido social.
Los datos presentados por la Fiscalía General del Estado durante la reunión muestran una reducción superior al veinte por ciento en víctimas de homicidio doloso respecto al mismo periodo de 2025. Esta tendencia no es casual: responde a la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales que ha permitido ejecutar 153 órdenes de aprehensión y judicializar 57 carpetas en una sola semana. Sin embargo, la disminución de cifras no elimina las causas estructurales que originaron la crisis.
El envío de apoyos humanitarios consistentes en alimentos, ropa y abrigo, sumado a la oferta gratuita de asesorías jurídicas y psicológicas, constituye una respuesta que trasciende el ámbito puramente policial. Estas medidas reconocen que la seguridad sostenible requiere atender las necesidades inmediatas de la población para evitar que el vacío institucional sea ocupado nuevamente por actores ilícitos.
Impacto en las políticas de seguridad estatal
La participación del secretario de Seguridad, Gilberto Loya, quien reportó 183 detenciones, el decomiso de 426 cartuchos, 13 armas de fuego y 21 mil litros de hidrocarburo, evidencia que los operativos mantienen su intensidad. No obstante, la orden de la gobernadora introduce un matiz: la prioridad ya no se limita a la reducción de indicadores delictivos, sino que se extiende a la consolidación de condiciones de vida dignas que desincentiven la colaboración con el crimen organizado.
El caso de Cinco Llagas ilustra cómo las estrategias de pacificación en México han evolucionado desde enfoques predominantemente reactivos hacia modelos que integran desarrollo social y justicia restaurativa. La presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la 42/a Zona Militar en la misma mesa sugiere una articulación institucional que, de sostenerse, podría servir como referencia para otras localidades serranas con problemáticas similares.
Consecuencias sociales y desarrollo comunitario a largo plazo
La entrega continua de apoyo jurídico y psicológico tiene efectos que van más allá de la atención individual. Las familias que han sufrido pérdidas o amenazas encuentran mecanismos para procesar el trauma y recuperar la capacidad de organización colectiva. Este proceso fortalece el capital social, elemento indispensable para que las comunidades resistan futuras presiones delictivas sin depender exclusivamente de la fuerza pública.
En términos de desarrollo regional, la vigilancia permanente y las labores conjuntas entre instituciones pueden traducirse en mayor certidumbre para proyectos productivos. La sierra chihuahuense posee recursos forestales y potencial turístico que permanecen subutilizados por la percepción de riesgo. Si la estrategia implementada en Cinco Llagas logra estabilizar el entorno, es plausible que inversionistas y cooperativas locales retomen iniciativas antes frenadas por la inseguridad.
El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, y la delegada de programas del Bienestar, Mayra Chávez, han participado en las reuniones, lo que indica que los recursos federales y estatales comienzan a alinearse. Esta convergencia reduce la fragmentación que históricamente ha caracterizado la atención a zonas marginadas y permite diseñar intervenciones de mayor alcance temporal.
Riesgos y condiciones para la sostenibilidad
A pesar de los avances reportados, persisten desafíos. La reducción de más del veinte por ciento en homicidios dolosos debe mantenerse a lo largo de varios años para consolidarse como tendencia estructural. Además, la efectividad de las asesorías psicológicas depende de la continuidad del personal capacitado y de la infraestructura necesaria para atender demandas crecientes.
El comandante de la 42/a Zona Militar y los representantes de la Guardia Nacional han reiterado su disposición a mantener operativos conjuntos. Sin embargo, la experiencia en otras regiones del país muestra que la presencia militar prolongada puede generar tensiones si no se acompaña de una transición clara hacia el control civil de la seguridad. El equilibrio entre estas dimensiones determinará si la intervención en Cinco Llagas se convierte en un modelo replicable o en un esfuerzo aislado.
La gobernadora ha insistido en la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno. Esta coordinación resulta esencial porque los problemas de Guadalupe y Calvo no se agotan en los límites estatales: el tráfico de hidrocarburo y armas cruza fronteras municipales y estatales, requiriendo respuestas que trasciendan la jurisdicción de Chihuahua.
El seguimiento de los indicadores de violencia y bienestar en Cinco Llagas durante los próximos meses permitirá evaluar si las medidas adoptadas generan cambios duraderos. La combinación de apoyo humanitario inmediato, asesoría integral y presencia coordinada de seguridad ofrece una base para reconstruir la confianza institucional, siempre que los recursos y la voluntad política se mantengan constantes.
