La ventana pensional que permitía a miles de colombianos cercanos a la jubilación modificar su régimen de pensiones finalizó el pasado 16 de julio sin que la mayoría de los afiliados optara por el traslado. El mecanismo, habilitado por una sola vez mediante el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, buscaba dar una oportunidad excepcional a quienes ya no podían cambiar bajo las reglas ordinarias de la Ley 100. Sin embargo, los datos preliminares revelan que solo una fracción de los más de un millón de personas habilitadas completó el proceso.
Alcance limitado de la doble asesoría
Según cifras de Colpensiones con corte al 31 de mayo de 2026, 265.626 personas solicitaron la doble asesoría obligatoria, lo que representa el 25,7 por ciento del universo potencial. De ellas, 149.745 radicaron la solicitud formal de traslado y 148.609 fueron aprobadas, equivalente al 14,4 por ciento de los habilitados. Las cifras de Asofondos, con corte al 15 de junio, muestran un leve incremento hasta 153.392 traslados registrados, pero confirman que cerca de ocho de cada diez potenciales beneficiarios decidieron no moverse.
La norma exigía que cada afiliado recibiera orientación tanto de Colpensiones como de su fondo privado antes de decidir. Esa comparación detallada de semanas cotizadas, rentabilidad proyectada y condiciones de pensión parece haber influido en muchas permanencias.
Dirección predominante de los movimientos
Del total de traslados aprobados por Colpensiones, 137.398 personas pasaron del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad hacia el Régimen de Prima Media administrado por la entidad pública. En sentido contrario, apenas 8.070 afiliados abandonaron Colpensiones para ingresar a un fondo privado. Además, 25.572 pensionados participaron en el proceso. Asofondos reporta que aproximadamente nueve de cada diez cambios tuvieron como destino final Colpensiones.
Factores que explican la baja adhesión
Entre las razones identificadas por los actores del sector figuran la prudencia ante la comparación de regímenes, la desinformación sobre plazos y requisitos, y la congestión de canales de atención en los últimos días. También influyeron las dudas generadas por la reforma pensional que actualmente estudia la Corte Constitucional. Asofondos sostiene que, tras la doble asesoría, ocho de cada diez trabajadores concluyeron que permanecer en un fondo privado resultaba más conveniente por la posibilidad de pensionarse con 1.150 semanas o por la devolución de saldos y la rentabilidad histórica promedio del 8 por ciento efectiva anual.
Disputa sobre los recursos acumulados
Tras el cierre de la ventana, la atención se concentra en los recursos asociados a los traslados ya realizados. El Decreto 415 de 2026 ordenó que los fondos pasen a Colpensiones, que ya asumió el riesgo pensional de esos afiliados. Asofondos rechaza esa interpretación y afirma que el artículo 76 de la Ley 2381 establece que los recursos deben permanecer bajo administración privada hasta que cada persona consolide su derecho a la pensión. La controversia involucra cerca de 25 billones de pesos.
El balance definitivo del proceso aún está pendiente y dependerá tanto de las decisiones judiciales como de la evolución de la reforma pensional. Mientras tanto, la mayoría de los afiliados habilitados optó por mantener su régimen original, lo que refleja una evaluación individual de conveniencia más que un rechazo masivo a alguno de los sistemas.
