DALLAS, Texas.- Un mayorista de mariscos en Dallas fue sentenciado a pagar una multa de 250 mil dólares y a cumplir tres años de libertad condicional tras haber falsificado durante más de dos años el país de origen de salmón chileno que vendía como producto escocés o europeo. La condena, dictada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, afecta a Seafood Supply Co. y se basa en violaciones a la Ley Lacey, norma federal que regula el comercio de productos de vida silvestre y prohíbe las declaraciones falsas sobre su procedencia.
La empresa reconoció su responsabilidad el pasado 4 de marzo. Desde entonces opera bajo una nueva dirección que asumió el control tras conocerse las irregularidades. El periodo de las falsificaciones abarcó de enero de 2020 a febrero de 2022, tiempo durante el cual los clientes recibieron salmón etiquetado de forma incorrecta.
El mecanismo del etiquetado incorrecto
Según los documentos judiciales, Seafood Supply Co. recibía salmón originario de Chile y lo presentaba ante sus compradores como procedente de Escocia u otros países europeos. La diferencia de precio entre ambas categorías es considerable: el producto chileno suele tener un costo menor, por lo que la empresa obtenía un margen adicional al cobrar el precio de un bien de mayor valor. Esta práctica se mantuvo de manera continua durante los dos años señalados y afectó a clientes que confiaban en la información del etiquetado.
La investigación determinó que el engaño no fue aislado sino sistemático. Los registros de ventas y los documentos de envío mostraron un patrón repetido de reetiquetado que permitió a la compañía aumentar sus ingresos de forma indebida durante el periodo examinado.
Alcance de la Ley Lacey en este caso
La Ley Lacey, aprobada a principios del siglo XX y ampliada en décadas posteriores, prohíbe el comercio de vida silvestre, peces y plantas obtenidos o comercializados de manera ilegal. También sanciona las declaraciones falsas sobre el origen de estos productos. En el presente asunto, el Departamento de Justicia consideró que el etiquetado incorrecto del salmón constituía una violación directa de esa disposición federal.
Además de la multa económica, la sentencia obliga a la empresa a implementar un plan de cumplimiento ambiental que incluya controles internos para verificar la trazabilidad de los productos que comercialice en el futuro. Durante los tres años de libertad condicional, Seafood Supply Co. quedará sujeta a supervisión federal y deberá presentar reportes periódicos sobre sus operaciones.
Participación de agencias federales
El caso fue impulsado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) como parte de la operación Upstream Diligence, iniciativa orientada a detectar fraudes en la cadena de suministro pesquero. Colaboraron en la investigación el subprocurador general adjunto Adam Gustafson, el fiscal federal Ryan R. Raybould y la subdirectora Paige Casey de la Oficina de Cumplimiento de la Ley de NOAA.
El fiscal Christopher L. Hale, de la Sección de Delitos Ambientales, presentó los cargos ante la Fiscalía del Distrito Norte de Texas. La participación de varias dependencias refleja el interés del gobierno federal en mantener la integridad del comercio de productos del mar y en sancionar prácticas que distorsionan la competencia.
Consecuencias para la empresa y el sector
La resolución judicial establece que Seafood Supply Co. deberá demostrar durante el periodo de supervisión que sus prácticas cumplen con todas las normas aplicables. El cambio de liderazgo que se produjo tras las violaciones es un factor que los tribunales tomaron en cuenta al momento de fijar las condiciones de la sentencia.
Para la industria pesquera, el caso recuerda la importancia de mantener sistemas de trazabilidad confiables. Compradores comerciales y consumidores finales pueden verse afectados cuando el origen real de un producto no coincide con la información que aparece en las etiquetas. Las autoridades recomiendan verificar certificaciones y desconfiar de precios que resulten anormalmente bajos para productos de alta gama.
El Trade Fraud Task Force, del cual forma parte la División de Energía y Recursos Naturales del Departamento de Justicia, ha señalado que este tipo de fraudes puede privar al gobierno de ingresos por aranceles, afectar industrias nacionales y erosionar la confianza de los compradores. Aunque el caso de Seafood Supply Co. se centra en una sola empresa, forma parte de un esfuerzo más amplio por reducir irregularidades en el comercio internacional de productos pesqueros.
La sentencia no incluye cargos contra individuos específicos, sino que recae sobre la persona jurídica. La empresa deberá cumplir con todas las obligaciones impuestas durante los próximos tres años bajo la vigilancia de las autoridades federales.
