El Ministerio de Minas y Energía reportó 4,63 GW de capacidad instalada en proyectos solares y eólicos hasta julio de 2026. Esta cifra representa un avance notable desde los apenas 200 MW heredados al inicio del gobierno, pero se ubica 1,37 GW por debajo de la meta establecida en el programa Plan 6GW Plus. La matriz energética colombiana alcanza ahora un 74,1 % de participación renovable, con la hidráulica en 54,9 % (13,2 GW), la térmica en 25,8 % (6,22 GW) y la solar-eólica en 19,2 % (4,63 GW).
El punto de partida y la brecha real
Al asumir el gobierno, Colombia contaba con menos de 200 MW de energía solar y eólica operativa. Las decisiones adoptadas para destrabar proyectos, acelerar licencias y modernizar la regulación permitieron sumar 4 420 MW adicionales en cuatro años. Este ritmo constituye el crecimiento más acelerado registrado en la historia energética del país, según el ministro Edwin Palma. Sin embargo, la distancia frente al objetivo de 6 GW plantea interrogantes sobre la velocidad real de despliegue frente a las necesidades de expansión de la demanda.
La Asociación de Energías Renovables SER Colombia considera que la meta de 4 200 MW esperada para 2026 ya se cumplió. Esa capacidad es suficiente para abastecer el consumo de Bogotá y su área metropolitana. La diferencia entre la meta oficial y la interpretación sectorial revela que el Plan 6GW Plus incorporaba supuestos más ambiciosos sobre tiempos de conexión y disponibilidad de red.
Impacto en la estructura de costos y empleo
La incorporación de 4 420 MW renovables modifica el perfil de costos marginales del sistema. Durante periodos de alta hidrología, la mayor presencia solar y eólica desplaza generación térmica de mayor costo. Esto reduce la exposición a la volatilidad del precio del gas natural, que se ha utilizado de forma intensiva en sequías recientes. El efecto sobre la factura de usuarios regulados aún es moderado, pero se espera que se acentúe a medida que los contratos de largo plazo firmados en subastas anteriores entren en operación plena.
En términos de empleo, cada 100 MW de solar o eólica generan entre 250 y 350 puestos directos durante la fase de construcción y entre 15 y 25 empleos permanentes en operación y mantenimiento. Los proyectos que alcanzaron operación comercial en los últimos cuatro años han dejado una base de mano de obra calificada que podría reutilizarse en futuras expansiones de almacenamiento y líneas de transmisión.
La regulación pendiente como cuello de botella
SER Colombia ha señalado que la ausencia de reglas claras para la autogeneración remota, las plantas menores y el almacenamiento con baterías frena el siguiente tramo de crecimiento. Sin un marco que permita inyectar excedentes desde instalaciones ubicadas lejos del punto de consumo, muchos proyectos de mediana escala permanecen en etapa de estudio. La reglamentación del almacenamiento es especialmente crítica porque permitiría desplazar generación térmica en horas de baja irradiación y reducir la necesidad de respaldo con gas.
La experiencia de otros países de la región muestra que la falta de estas normas puede retrasar entre dos y cuatro años la entrada de capacidad adicional. Colombia ya cuenta con el precedente de proyectos que permanecieron años en lista de espera por trámites ambientales y de conexión; repetir ese ciclo erosionaría la ventaja lograda hasta ahora.
Perspectivas de los actores involucrados
El gobierno destaca que la transición energética ya entrega resultados medibles en inversión y soberanía. Los promotores de proyectos valoran la reducción de trámites que permitió cerrar la brecha inicial, pero advierten que la rentabilidad futura depende de estabilidad regulatoria y de la ampliación oportuna de la red de transmisión. Las empresas térmicas, por su parte, observan que el respaldo con gas natural seguirá siendo necesario en periodos secos y reclaman señales claras sobre el rol que desempeñarán en el sistema durante la próxima década.
Las organizaciones ambientales celebran el incremento de renovables no convencionales, aunque señalan que la alta participación hidroeléctrica sigue exponiendo al país a riesgos climáticos. Las comunidades ubicadas cerca de los nuevos parques solares y eólicos han reportado beneficios locales por arriendos y obras de compensación, pero también expresan preocupación por el uso de suelo y la participación efectiva en los beneficios.
Riesgos estructurales y proyecciones
El principal riesgo identificado es la concentración en fuentes variables sin suficiente capacidad de almacenamiento. Si las sequías se intensifican por el cambio climático, el sistema podría requerir mayor respaldo térmico, elevando emisiones y costos. Otro riesgo radica en la continuidad de la política: cambios abruptos en las reglas de conexión o en los incentivos fiscales podrían frenar la cartera de proyectos que aún se encuentran en fase de desarrollo.
Las proyecciones más conservadoras indican que, con la regulación de almacenamiento lista en 2027, Colombia podría alcanzar entre 8 y 9 GW de solar y eólica hacia 2030. Sin embargo, ese escenario exige resolver cuellos de botella en transmisión y definir mecanismos de remuneración para baterías. La ventana para tomar esas decisiones es limitada, porque los plazos de ingeniería y construcción de líneas de alta tensión superan los cinco años.
La evolución de la demanda también introduce incertidumbre. El crecimiento de centros de datos y la electrificación del transporte podrían acelerar el consumo eléctrico más rápido de lo previsto, reduciendo el margen de reserva que hoy ofrece el excedente renovable. En ese contexto, la brecha de 1,37 GW frente a la meta original deja menos holgura para absorber incrementos inesperados de demanda.
