Las microempresas de subsistencia en El Salvador representan más de 580.000 unidades económicas y constituyen el 65,9 % del total nacional, según el estudio difundido por la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (ASOMI). Estas unidades operan con ventas mínimas y sin capacidad de acumulación, lo que las deja expuestas a una fragilidad estructural que dificulta su acceso al crédito formal y limita cualquier posibilidad de expansión sostenida.
El informe, elaborado con datos que abarcan hasta 2025, muestra que en 2023 la mitad de los propietarios de estas microempresas expresó disposición a abandonar su negocio si obtuviera un empleo formal con ingresos equivalentes. La otra mitad opta por continuar, impulsada por la necesidad de autonomía, aunque permanece sometida a una alta vulnerabilidad económica que se agrava con cada shock externo.
Efectos acumulados de la pandemia y la inflación
Durante la pandemia de COVID-19, el 80 % de estas microempresas cerró de forma temporal, el 16 % funcionó de manera parcial y el 20 % suspendió actividades de manera definitiva. Entre 2021 y 2023, la inflación en alimentos redujo el poder adquisitivo tanto de los microempresarios como de sus clientes, elevando la presión sobre la capacidad de pago y contribuyendo a un aumento sostenido de la mora.
El 78,2 % de los asesores de crédito consultados por ASOMI percibió un incremento en la salida de microempresarios del sistema financiero formal, fenómeno que se intensificó en los momentos más críticos de la crisis sanitaria y con el posterior repunte inflacionario. Esta salida no implica necesariamente el fin de la actividad económica, sino el desplazamiento hacia fuentes de financiamiento menos reguladas.
El recurso al crédito informal como alternativa
Una vez excluidos del sistema formal, el 78,8 % de los microempresarios recurre a prestamistas informales, mientras el resto opta por cerrar o vender activos. Los principales motivos para elegir esta vía son los antecedentes crediticios negativos, la menor exigencia de requisitos, la rapidez de desembolso y la ausencia de garantías formales. Estos factores reflejan las barreras que enfrentan quienes ya no cumplen con los criterios de las instituciones reguladas.
Solo el 2,6 % depende exclusivamente de prestamistas informales, aunque el 10,3 % acumula deudas simultáneas en varias fuentes. Esta multiplicidad de obligaciones genera un sobreendeudamiento diversificado que incrementa los riesgos sistémicos para las entidades del sector y reduce la capacidad de recuperación de los propios microempresarios.
Limitaciones de la Ley contra la Usura
El marco normativo vigente, definido por la Ley contra la Usura, no ha producido los efectos esperados sobre el sector informal. El 40,1 % de los asesores de crédito considera que la legislación ha resultado negativa porque no regula a los prestamistas informales y los topes a las tasas de interés dificultan la atención a los clientes más vulnerables. Además, los mecanismos para denunciar prácticas abusivas muestran baja efectividad: casi la mitad de los asesores indica que sus clientes evitan denunciar por temor a perder acceso a cualquier fuente de financiamiento, mientras otros citan desconocimiento de los procedimientos o miedo a represalias.
Repercusiones en las instituciones de microfinanzas
El sobreendeudamiento afecta directamente al ecosistema de las microfinanzas salvadoreñas. El 46,7 % de los asesores reporta una reducción en la cartera de clientes, el 37,7 % observa mayor competencia de prestamistas informales y el 37,3 % señala dificultades para cumplir metas comerciales. Un 11,8 % enfrenta obstáculos adicionales para acceder a fondeadores. La rotación de microempresarios entre distintas instituciones, sumada al acceso simultáneo a fuentes formales e informales, eleva la fragilidad general del sistema.
El perfil de quienes abandonan las instituciones afiliadas a ASOMI muestra que el 71,1 % son mujeres con predominancia de niveles educativos bajos, dedicadas principalmente al comercio y los servicios. La urgencia de liquidez para cubrir necesidades familiares, operativas o el pago de otras deudas impulsa la búsqueda de financiamiento informal. Solo el 17,4 % de los desertores termina excluido completamente del sistema formal, pero la acumulación de deudas multiplica la vulnerabilidad financiera.
Percepciones de los microempresarios y demandas pendientes
El 62,4 % de los microempresarios califica su experiencia con las instituciones formales como buena, principalmente por la atención y rapidez, aunque identifica las tasas de interés como el principal obstáculo. Entre quienes recurren a prestamistas informales, el 53 % valora la menor exigencia de requisitos y la rapidez, pero el 75 % de quienes tuvieron una mala experiencia menciona las tasas abusivas y el temor a represalias en caso de impago.
Los microempresarios que abandonaron el sistema formal consideran prioritario el acceso a programas de reestructuración de deuda con tasas más bajas, asesoría personalizada en gestión de deudas y capacitación financiera. Estas demandas apuntan a la necesidad de mecanismos que permitan recomponer la relación con el crédito formal sin perpetuar ciclos de exclusión.
