Cada año Europa envía millones de prendas que acaban en el desierto de Atacama, donde ya superan las 60.000 toneladas y forman una montaña visible desde el espacio. La UE concentra el 30 % de las exportaciones mundiales de ropa usada, por delante de Reino Unido y Estados Unidos, y el mecanismo se completa en las zonas francas chilenas: la mercancía entra sin impuestos para revenderse en América Latina, pero cuando no encuentra comprador nadie cubre el coste de retirarla.
Las marcas más frecuentes en el vertedero incluyen H&M, Zara, Adidas y Nike. Parte de esa ropa se quema para reducir volumen, liberando compuestos tóxicos que afectan el aire y el agua subterránea de Alto Hospicio. Los vecinos llevan años exigiendo soluciones mientras el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta reconoció la responsabilidad del Estado chileno por omisión y ordenó un plan de reparación de diez años, sentencia que el Consejo de Defensa del Estado aún mantiene apelada.
Responsabilidad pendiente
Chile importa entre 120.000 y 180.000 toneladas anuales de ropa de segunda mano y solo recicla el 1 % de sus textiles postconsumo. La ley de responsabilidad ampliada del productor, recién extendida al sector textil, llega demasiado tarde para las decenas de miles de toneladas ya enterradas. El caso expone cómo la rotación acelerada de colecciones de la fast fashion traslada costes ambientales y sanitarios a regiones sin capacidad para gestionarlos, dejando un pasivo que ningún actor asume plenamente.
