El crecimiento de las estafas denominadas montaviajes coincide con el aumento sostenido de la demanda turística interna en México durante las últimas dos décadas. Desde principios de los años 2000, el acceso masivo a internet y a las redes sociales permitió que las agencias tradicionales perdieran el control exclusivo sobre la venta de paquetes. Al mismo tiempo, la popularidad de destinos como Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta generó una presión estacional que los delincuentes supieron identificar como oportunidad. Las autoridades mexicanas observaron ya en 2015 un primer repunte de quejas vinculadas a pagos anticipados que nunca se concretaban, pero el fenómeno se intensificó cuando las plataformas digitales dejaron de exigir verificación física de las empresas anunciantes.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México documentó que el 43 % de los reportes actuales se concentra en ofertas a Cancún. Esta cifra refleja no solo la atracción de las playas del Caribe, sino también la facilidad con que se clonaron sitios web de cadenas hoteleras reconocidas. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó que el 72 % de los casos implicó la suplantación de identidad de aerolíneas o agencias establecidas, un patrón que se repite cada temporada vacacional desde 2018.
La evolución de las redes de engaño
El modus operandi de los montaviajes se perfeccionó gradualmente. Al principio, los estafadores publicaban anuncios en grupos de Facebook con precios un 60 % inferiores al promedio del mercado. Luego incorporaron mensajes directos por WhatsApp y correos que imitaban el diseño corporativo de empresas reales. La pandemia aceleró esta transición porque el turismo se volvió casi exclusivamente digital y los controles presenciales desaparecieron. En 2023, el número de reportes ya superaba los 1 500 por temporada; en 2026 la cifra llegó a 1 637, un incremento del 3 % que confirma la consolidación del esquema.
Consecuencias económicas para las víctimas
Las pérdidas reportadas oscilan entre 10 000 y 30 000 pesos en la mayoría de los casos, aunque se registró un monto máximo de dos millones de pesos. Las personas mayores de 50 años representan un segmento especialmente afectado porque suelen confiar más en promociones que llegan por correo o por mensajería. Cuando el dinero sale de la cuenta, la recuperación resulta casi imposible: las transferencias se realizan a cuentas fantasma que se vacían en minutos. Esta dinámica erosiona el ahorro familiar destinado a vacaciones y genera un efecto secundario en el consumo local de los destinos que las víctimas ya no visitan.
Repercusiones en la industria turística formal
Las agencias legítimas enfrentan una competencia desleal que devalúa sus tarifas y daña su reputación. Varias cadenas hoteleras de Quintana Roo reportaron en 2025 una caída temporal de reservas directas porque los clientes, tras ser estafados, desconfían de cualquier oferta que no provenga del canal oficial. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha tenido que aumentar sus verificaciones de registro, pero el volumen de sitios falsos supera la capacidad de monitoreo constante. Como resultado, algunas empresas medianas han reducido su presencia en redes sociales para evitar que sus perfiles sean clonados, limitando así su alcance comercial.
Presión sobre las políticas públicas
El incremento de casos obligó a la Secretaría de Turismo a reforzar el registro obligatorio de agencias ante Sectur y a coordinarse con Profeco para publicar listas negras actualizadas. Sin embargo, la regulación avanza más lento que la tecnología utilizada por los delincuentes. La Policía Cibernética ha logrado desmantelar varias redes en 2024 y 2025, pero cada operación cerrada es reemplazada por nuevas cuentas creadas en cuestión de horas. Esta asimetría entre la velocidad del fraude y la respuesta institucional genera un debate sobre la necesidad de exigir autenticación de dos factores para cualquier anuncio de viajes que solicite pagos anticipados.
Efectos en la confianza social y la alfabetización digital
Más allá de las pérdidas monetarias, los montaviajes han reducido la disposición de la población a realizar compras en línea de servicios turísticos. Encuestas internas del Consejo Ciudadano muestran que el 65 % de quienes sufrieron el fraude ahora prefieren pagar solo en ventanilla física, incluso cuando el precio resulta más alto. Esta conducta frena la digitalización del sector y afecta especialmente a comunidades costeras que dependen del turismo electrónico. Al mismo tiempo, surge una demanda creciente de talleres de verificación de sitios web dirigidos a adultos mayores, una necesidad que hasta ahora cubren principalmente organizaciones civiles.
El Consejo Ciudadano mantiene la línea 55 5533 5533 y su chat de confianza como canales permanentes de orientación. La experiencia acumulada indica que nueve de cada diez personas solicitan ayuda después de haber realizado el pago, lo que subraya la importancia de campañas preventivas antes de cada periodo vacacional. Las recomendaciones emitidas —verificar registro ante Sectur, confirmar directamente con hoteles y aerolíneas, y rechazar ofertas que parezcan excesivamente baratas— siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto de este tipo de estafas.
La persistencia del fenómeno obliga a considerar que los montaviajes no desaparecerán mientras exista una brecha entre la oferta legal y la capacidad de los consumidores para distinguirla. El turismo mexicano, que representa una fuente importante de ingresos para múltiples estados, enfrenta por tanto el reto de recuperar la confianza mediante mayor transparencia y colaboración entre autoridades, empresas y usuarios.
