Una investigación periodística global reveló que las empresas de alimentos ultraprocesados presentaron 235 demandas contra medidas sanitarias en cinco países entre 2010 y 2025. México registró 193 casos, muy por encima de Colombia y Brasil, lo que evidencia la resistencia de la industria ante regulaciones pioneras en etiquetado, impuestos y publicidad dirigida a menores.
Tres cuartas partes de las resoluciones judiciales favorecieron a los gobiernos, aunque los procesos acumularon casi 600 años de retrasos. Ocho corporaciones, entre ellas Coca-Cola, PepsiCo y Danone, impulsaron el 38 % de los litigios. Estos datos sugieren que las demandas buscan principalmente dilatar la entrada en vigor de normas que ya demostraron reducir el consumo de productos nocivos.
Patrón de resistencia y efecto en la salud pública
El patrón temporal de los recursos, concentrado justo después de cada nueva regulación, indica un objetivo estratégico de desincentivar políticas similares en otros países. Expertos como Phillip Baker advierten que esta táctica replica las estrategias históricas de la industria tabacalera. Mientras tanto, la mayoría de las empresas consultadas optaron por defender el diálogo con autoridades en lugar de reconocer el impacto de las medidas en sus ventas.
La concentración de casos en México refleja tanto el liderazgo regulatorio del país como la intensidad de la respuesta corporativa. Los fallos favorables a los Estados demuestran la solidez jurídica de las políticas, pero el costo en tiempo retrasa la protección de la población frente a enfermedades vinculadas al consumo excesivo de ultraprocesados.
