Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron durante la tercera ronda de negociaciones bilaterales impulsar la industria manufacturera regional, reforzar cadenas de suministro y enfrentar a países que aprovechan los beneficios del T-MEC sin ser signatarios. El representante comercial de EU, Jamieson Greer, y la presidenta Claudia Sheinbaum coincidieron en la necesidad de combatir lo que denominaron “parasitismo” de naciones no socias, mientras se revisan temas como seguridad económica, trabajo, agricultura, pagos electrónicos, acero, aluminio y automóviles.
El encuentro también incluyó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ambos equipos destacaron la colaboración entre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía. Se estableció que la cuarta ronda se celebrará en Washington en septiembre, con participación de empresarios de ambos países.
El anuncio arancelario y su alcance real
Durante estas reuniones, la USTR informó la imposición de aranceles del 10 por ciento a países donde se detecte trabajo forzoso o aplicación deficiente de leyes laborales. México y Canadá quedan incluidos en esta medida, aunque la Secretaría de Economía aclaró que las exportaciones que cumplan las reglas de origen del T-MEC mantendrán arancel cero. Alrededor del 85 por ciento de las ventas mexicanas a Estados Unidos seguirán sin pagar derechos. El nuevo 10 por ciento sustituye al que ya existía bajo la sección 122, por lo que el trato arancelario efectivo no cambia de inmediato.
Por qué el concepto de parasitismo redefine las reglas
El uso explícito del término “parasitismo” marca un giro retórico y estratégico. Hasta ahora las revisiones del T-MEC se centraban en ajustes técnicos de reglas de origen y contenido regional. Al introducir la idea de países que se benefician sin aportar, Washington y Ciudad de México establecen un criterio político adicional: la pertenencia al tratado ya no es solo un asunto de cumplimiento técnico, sino de lealtad regional. Esta narrativa puede endurecer futuras revisiones y dificultar la entrada de insumos de terceros países, incluso cuando cumplan requisitos formales.
Empresas que ensamblan en México con componentes asiáticos enfrentan mayor escrutinio. Proveedores chinos de acero, aluminio o componentes electrónicos podrían ver reducida su participación si las autoridades interpretan que el valor agregado final no justifica el acceso preferencial. El efecto inmediato es un incentivo para relocalizar etapas intermedias de producción dentro de Norteamérica, aunque los costos de esa relocalización aún no se han cuantificado con precisión.
Reacciones desde la industria automotriz y acerera
El sector automotriz, responsable de gran parte del superávit comercial mexicano con Estados Unidos, observa el anuncio con cautela. Las armadoras que ya cumplen con el 75 por ciento de contenido regional exigido por el T-MEC mantienen su ventaja, pero aquellas que dependen de proveedores asiáticos para baterías o semiconductores podrían necesitar ajustes en menos de dos años. Un caso concreto es el de las plantas de ensamble de vehículos eléctricos en el norte de México, que importan celdas de Asia; cualquier endurecimiento de la verificación de origen podría elevar costos entre 4 y 7 por ciento según estimaciones internas de la industria.
En el acero, la coincidencia entre ambos gobiernos en limitar importaciones de países con prácticas desleales coincide con la presión de productores mexicanos y estadounidenses para mantener cupos y aranceles. Sin embargo, distribuidores y fabricantes de productos derivados advierten que una restricción excesiva podría encarecer insumos y afectar la competitividad de bienes finales exportados a terceros mercados.
La posición de Canadá y el equilibrio trilateral
Canadá, aunque no participó directamente en esta ronda bilateral, recibe el mismo anuncio arancelario. Su gobierno ha manifestado en ocasiones anteriores que cualquier medida que afecte la integración norteamericana debe discutirse en el marco trilateral. Si Washington y México avanzan hacia criterios más estrictos de “socios leales”, Ottawa podría exigir salvaguardas para su sector automotriz y energético. Esta tensión interna entre los tres socios añade complejidad a la revisión programada para 2026.
Riesgos de fragmentación y oportunidades de nearshoring
El principal riesgo radica en una posible fragmentación de las cadenas de suministro regionales. Si la verificación de origen se vuelve más rigurosa y costosa, algunas empresas podrían optar por concentrar producción en Estados Unidos o México, pero otras podrían trasladar operaciones a países con tratados bilaterales más flexibles. El efecto neto dependerá de la rapidez con que se implementen los nuevos criterios y de si México logra atraer inversión en etapas intermedias como componentes electrónicos o acero verde.
Al mismo tiempo, el acuerdo bilateral abre una ventana para proyectos de nearshoring en sectores estratégicos. Empresas estadounidenses interesadas en reducir exposición a Asia ya exploran instalaciones en estados mexicanos con infraestructura energética confiable. La siguiente ronda en Washington podría definir incentivos fiscales o facilidades aduaneras que aceleren estos movimientos, siempre que se mantenga la exención arancelaria para exportaciones que cumplan las reglas vigentes.
El equilibrio entre control de “parasitismo” y preservación de la integración comercial seguirá siendo el eje de las negociaciones hasta septiembre. Cualquier endurecimiento excesivo podría elevar costos regionales, mientras que una aplicación laxa debilitaría la credibilidad del nuevo discurso. Los próximos meses determinarán si el T-MEC evoluciona hacia un bloque más cerrado o hacia una plataforma que combine apertura selectiva con mayor exigencia de contenido norteamericano.
