El diputado federal Marcelo Torres Cofiño del PAN ha cuestionado con datos la narrativa oficial sobre el combate al robo de hidrocarburos. Según el legislador, el Reporte Anual 2025 que Pemex presentó ante la Securities and Exchange Commission revela un incremento del 15.3 por ciento en el volumen sustraído ilegalmente, lo que equivale a cerca de 19 mil 600 barriles diarios. Las pérdidas económicas asociadas alcanzaron los 23 mil 491 millones de pesos en 2025, cifras que contrastan con los mensajes públicos de control del fenómeno.
Este señalamiento se produce en un momento en que el gobierno de Morena mantiene que las tomas clandestinas han disminuido gracias a operativos y reformas. Sin embargo, Torres Cofiño advierte que los reportes financieros enviados a autoridades estadounidenses reconocen un aumento sostenido del delito, lo que erosiona la credibilidad institucional ante inversionistas y organismos reguladores.
Orígenes del fenómeno en la industria petrolera mexicana
El huachicol fiscal tiene raíces que se remontan a décadas atrás, cuando la red de ductos de Pemex creció sin sistemas de monitoreo digital suficientes. Durante los años noventa y principios de los dos mil, las tomas clandestinas se concentraban en zonas rurales de estados como Hidalgo, Puebla y Veracruz, donde la extracción ilegal se vendía en mercados informales. La falta de tecnología de detección permitía que los grupos operaran con relativa impunidad, y las pérdidas anuales ya superaban los miles de millones de pesos antes de que el tema adquiriera relevancia política nacional.
Con la llegada de nuevas administraciones, el problema mutó. Ya no se trataba solo de perforaciones en ductos, sino de esquemas más sofisticados que involucraban importaciones irregulares a través de puertos y aduanas. Esta evolución complicó los esfuerzos de fiscalización y requirió coordinación entre múltiples dependencias federales, algo que históricamente ha resultado difícil de lograr de manera sostenida.
La reforma de 2021 y sus consecuencias operativas
La modificación al Artículo 59 Bis de la Ley de Hidrocarburos en 2021 otorgó a las autoridades facultades amplias para suspender permisos de manera discrecional. Aunque el objetivo declarado era agilizar el combate al contrabando, la medida redujo los mecanismos de supervisión independiente que antes permitían auditorías externas. Operadores y transportistas señalaron que la inseguridad jurídica generada desincentivó inversiones en infraestructura de control y facilitó que actores irregulares encontraran resquicios para operar.
El resultado fue un desplazamiento del delito hacia canales más difíciles de rastrear. Mientras las tomas clandestinas tradicionales continuaban, aparecieron esquemas de facturación falsa y triangulación de importaciones que evadían controles aduaneros. Esta transformación exigió capacidades técnicas y de inteligencia que Pemex y las autoridades regulatorias no habían desarrollado plenamente.
Repercusiones económicas y fiscales para el Estado
Las pérdidas reportadas por Pemex ante la SEC representan recursos que dejan de ingresar a las arcas públicas en un momento de presión presupuestaria. Cada barril sustraído implica menor disponibilidad para refinación, exportación o abastecimiento interno, lo que puede traducirse en mayor dependencia de importaciones costosas. A largo plazo, esta situación afecta la capacidad de la empresa productiva del Estado para cumplir metas de producción y mantener su calificación crediticia ante mercados internacionales.
Además, el contrabando de combustibles distorsiona la competencia en el sector minorista. Gasolineras que operan dentro de la legalidad enfrentan márgenes reducidos frente a quienes comercializan producto robado a precios inferiores. Esta dinámica erosiona la recaudación de impuestos especiales sobre combustibles y genera un círculo vicioso donde la informalidad se vuelve más rentable.
Efectos en la seguridad pública y el tejido institucional
El huachicol fiscal no opera de manera aislada. Las redes que lo sostienen requieren logística, protección y canales de distribución que a menudo se superponen con actividades del crimen organizado. La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y las menciones al empresario fallecido Sergio Carmona en expedientes judiciales ilustran cómo el fenómeno puede involucrar a actores con acceso a estructuras políticas o empresariales. Cuando estos vínculos se perciben como impunes, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
Legisladores de Morena han sugerido investigar posibles vínculos entre redes de huachicol y financiamiento de campañas de oposición. Esta línea de argumentación, aunque legítima en términos de transparencia, corre el riesgo de politizar investigaciones que deberían mantenerse en el ámbito técnico y judicial, complicando aún más el esclarecimiento de responsabilidades.
Perspectivas a mediano y largo plazo para el sector energético
Si las cifras del Reporte 20-F de Pemex se mantienen en los próximos ciclos, los inversionistas internacionales podrían exigir primas de riesgo más altas para proyectos relacionados con infraestructura energética mexicana. Esto encarecería el financiamiento de ductos, terminales y sistemas de monitoreo, retrasando la modernización necesaria para reducir vulnerabilidades.
En el plano doméstico, la persistencia de una toma clandestina cada 51 minutos, según datos del propio legislador panista, indica que las medidas actuales no han alterado la ecuación de incentivos para los grupos dedicados al delito. Una estrategia más efectiva requeriría combinar tecnología de sensores en tiempo real, mayor coordinación entre aduanas y autoridades fiscales, y la restauración de auditorías independientes que la reforma de 2021 debilitó. Sin estos ajustes estructurales, el huachicol fiscal podría consolidarse como un problema crónico que afecta tanto las finanzas públicas como la legitimidad del Estado en el control de recursos estratégicos.
