Chihuahua. Diversos sectores de Parral anunciaron la preparación de recursos legales para impedir el traslado de las salas judiciales Penal y Civil de la región sur hacia la capital del estado. Las acciones incluyen amparos ante tribunales federales e impugnaciones ante instancias electorales, argumentando que las magistraturas fueron elegidas por votación popular del Distrito Hidalgo.
La presidenta del Colegio de Abogados del Distrito Hidalgo, Patricia Domínguez, confirmó que autoridades municipales, representantes empresariales, gremios profesionales, académicos y ciudadanos identificaron varios conceptos de violación que justifican la suspensión del acto reclamado, es decir, la centralización de funciones judiciales. El Colegio considera que la medida representa un retroceso tanto en la impartición de justicia como en los ámbitos económico, empresarial y social.
Origen y consolidación de las salas en Parral
Las salas judiciales llegaron a Parral en 2013 tras gestiones del gremio de abogados local. Ese traslado se percibió entonces como un logro que acercaba la justicia a la población del sur del estado y fortalecía la estructura institucional de la región. Los promotores de la iniciativa legal actual sostienen que eliminar esa presencia equivale a revertir un avance alcanzado después de años de trabajo y negociación con las autoridades estatales.
Domínguez subrayó que incluso si los trámites se realizaran de manera telemática, la infraestructura tecnológica en Parral resulta insuficiente. La página del Supremo Tribunal de Justicia presenta fallas que impiden consultar promociones y acuerdos, mostrando mensajes de acceso denegado. Esta situación, según los opositores al traslado, evidencia que la digitalización no puede sustituir la atención presencial prevista en los principios de la reforma judicial.
Argumentos sobre el impacto regional
Los sectores que preparan los recursos sostienen que la presencia de las salas representa un respaldo institucional para Parral y su zona de influencia. La proximidad de los juzgados facilita el seguimiento de expedientes, reduce costos de traslado para litigantes y testigos, y genera actividad económica derivada de la operación cotidiana de los tribunales. Su eliminación, afirman, podría frenar el crecimiento de la ciudad al disminuir la interacción directa entre la ciudadanía y las autoridades judiciales.
La abogada señaló que el acuerdo que ordena el traslado puede ser modificado. Por ello se busca un encuentro con los magistrados Yamil Athié y María Elizabeth Macías para exponer los argumentos en contra de la centralización. Hasta ahora se estudian las disposiciones legales aplicables con el respaldo de empresarios, abogados, académicos y la gestión del presidente del Congreso, diputado Guillermo Ramírez.
Perspectivas de coordinación intermunicipal
El Colegio de Abogados hizo un llamado a las autoridades de todos los municipios afectados para sumarse a las gestiones que busquen revertir la decisión. La estrategia contempla tanto la vía judicial federal como recursos ante autoridades electorales, dado que los magistrados fueron electos por los votantes del Distrito Hidalgo. Esta doble vía busca garantizar que cualquier cambio cuente con el debido sustento legal y respete los principios de representación regional.
Los promotores del recurso destacan que la reforma judicial tiene entre sus objetivos acercar la justicia a la población. En ese sentido, argumentan que mantener las salas en Parral resulta congruente con esos principios, mientras que su traslado a la capital podría generar mayor distancia física y procedimental para los justiciables del sur del estado.
El proceso de elaboración de los recursos continúa en revisión de los fundamentos normativos. Los involucrados esperan presentar las demandas en los próximos días una vez concluidos los análisis técnicos correspondientes. La resolución de estos procedimientos definirá si las salas permanecen en Parral o se integran definitivamente a la estructura central del Poder Judicial estatal.
