Petróleos Mexicanos ha identificado más de mil 500 estaciones de servicio que mantienen el litro de diésel por encima de 27 pesos, a pesar del Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio. Hasta la fecha, 8 mil 603 gasolineras se han sumado al pacto, lo que representa el 84 por ciento del sector. La empresa estatal ha habilitado un mapa digital actualizado diariamente para señalar a quienes incumplen, una medida que busca presionar mediante la visibilidad pública. Esta acción llega tras los comunicados del 12 y 17 de julio, cuando 618 estaciones adicionales se adhirieron al acuerdo.
El núcleo del conflicto radica en la brecha entre el precio de referencia nacional, fijado por debajo de 27 pesos, y las prácticas de un grupo minoritario pero significativo de expendedores. Pemex sostiene que los estímulos fiscales al IEPS, la reducción de comisiones electrónicas y ajustes logísticos deberían permitir el cumplimiento generalizado. Sin embargo, la persistencia de precios elevados sugiere que factores estructurales, como costos de distribución regionales o estrategias comerciales individuales, siguen operando al margen del pacto.
La visibilidad como herramienta de control
La publicación de un mapa interactivo representa un cambio de estrategia. En lugar de sanciones directas, Pemex opta por exponer a los incumplidores ante consumidores y competidores. Esta táctica puede generar presión de mercado: transportistas y flotas que dependen del diésel tienden a elegir expendedores más baratos cuando la información es accesible. El código QR facilita la consulta rápida, lo que amplifica el efecto disuasorio. No obstante, la efectividad depende de que los usuarios realmente consulten y comparen precios de forma habitual.
Perspectiva de las estaciones independientes
Los expendedores que aún superan el límite argumentan que sus costos operativos, especialmente en regiones alejadas de terminales de almacenamiento, no se compensan con los estímulos actuales. Algunos señalan que las comisiones por medios de pago electrónicos, aunque reducidas, siguen erosionando márgenes en volúmenes modestos. Otros mencionan variaciones en los precios de adquisición a Pemex o gastos adicionales de transporte local. Estas explicaciones, aunque legítimas en ciertos casos, contrastan con el hecho de que el 84 por ciento del sector ya opera dentro del acuerdo, lo que indica que la mayoría encuentra viabilidad económica bajo las mismas condiciones.
Efectos en transportistas y cadenas de suministro
El sector transporte absorbe directamente cualquier diferencial de precio. Empresas de carga y pasaje que operan con flotas numerosas calculan que cada peso adicional por litro multiplica rápidamente los costos mensuales. En rutas largas, la diferencia entre 26.80 y 28 pesos puede decidir la rentabilidad de un viaje. Consumidores finales también resultan afectados a través de incrementos en tarifas de flete, lo que se traslada a precios de alimentos y bienes. El mapa de Pemex podría, por tanto, convertirse en una herramienta indirecta de contención inflacionaria si logra desplazar demanda hacia expendedores cumplidos.
Contrastes entre región fronteriza y resto del país
En zonas fronterizas el techo es más bajo: 25.39 pesos gracias al IVA del 8 por ciento. Esta diferencia crea incentivos de arbitraje, donde transportistas prefieren cargar combustible cerca de la frontera cuando la ruta lo permite. Sin embargo, las estaciones del interior enfrentan costos logísticos más altos que no siempre se reflejan en los estímulos fiscales uniformes. El acuerdo voluntario no distingue suficientemente estas asimetrías, lo que explica parte de la resistencia en ciertas áreas geográficas.
Riesgos de fragmentación del mercado
Si el mapa genera un desplazamiento masivo de clientes hacia las 8 mil 603 estaciones adheridas, las mil 538 restantes podrían enfrentar caídas abruptas de volumen. Esto podría acelerar cierres o consolidaciones, concentrando el mercado en jugadores más grandes con mejor capacidad de negociación. Al mismo tiempo, una concentración excesiva reduce la competencia local y podría presionar precios al alza en el mediano plazo. Pemex deberá vigilar que la exposición pública no derive en distorsiones indeseadas.
Escenarios futuros y ajustes necesarios
La evolución del acuerdo dependerá de si los incumplidores se suman voluntariamente o si se requieren medidas complementarias. Una opción es diferenciar los estímulos fiscales según distancia a terminales de almacenamiento, reconociendo costos reales de distribución. Otra consiste en publicar no solo precios, sino también volúmenes vendidos, para identificar posibles prácticas de acaparamiento. Si el porcentaje de adheridos no avanza hacia el 95 por ciento en los próximos meses, el gobierno podría evaluar la transición hacia un esquema obligatorio con sanciones claras. El riesgo principal radica en que la presión pública pierda fuerza si los consumidores no modifican sus hábitos de compra de manera sostenida.
El episodio revela que los acuerdos voluntarios funcionan cuando los incentivos están alineados con la mayoría, pero enfrentan límites cuando persisten asimetrías de costo no resueltas. Pemex ha apostado por la transparencia como mecanismo de corrección rápida; su éxito dependerá tanto de la respuesta de las gasolineras como de la disposición de los usuarios a utilizar la información disponible.
