La comisión provincial de seguimiento del Plan de Fomento del Empleo Agrario ha concluido el análisis de las solicitudes presentadas por los municipios de la provincia. Con el cierre del plazo, se han puesto en marcha 261 actuaciones que contarán con una inversión superior a 48 millones de euros y que permitirán formalizar 16.293 contratos a lo largo de 2026.
Las fuentes de la Subdelegación del Gobierno han confirmado que estas iniciativas generarán alrededor de 290.000 jornales. El Servicio Público de Empleo Estatal asumirá íntegramente el gasto en mano de obra, que asciende a 30,1 millones de euros, mientras que los materiales serán financiados por las corporaciones locales con aportaciones de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba.
Distribución de la inversión y contratos previstos
Los costes laborales representan la partida más significativa del presupuesto. Esta asignación permite que los ayuntamientos puedan ejecutar obras de interés municipal sin asumir el pago de los peones agrícolas. Las cifras definitivas podrán ajustarse conforme avancen los trabajos y se confirmen las certificaciones de obra.
El programa mantiene dos líneas diferenciadas de intervención. La primera, orientada a la garantía de rentas, agrupa 174 proyectos con una dotación de 38 millones de euros. De esta cantidad, 23,6 millones se destinarán exclusivamente a remunerar a casi 13.000 trabajadores durante los periodos de menor actividad en el campo.
Objetivo de empleo estable y segunda línea de actuación
La segunda línea busca fomentar la creación de puestos de trabajo de carácter más permanente. Para ello se han aprobado 87 proyectos que supondrán 3.500 contratos y una inversión total algo superior a los 10 millones de euros. Esta modalidad combina la ejecución de infraestructuras con la formación de los participantes para mejorar su empleabilidad futura.
La provincia de Córdoba, con una fuerte presencia del sector olivarero y otros cultivos de secano, concentra una demanda de mano de obra muy estacional. El PFEA actúa precisamente en los meses de menor actividad agrícola, proporcionando una alternativa temporal que reduce la dependencia de prestaciones por desempleo y mantiene la actividad económica en los pueblos.
Financiación compartida y papel de las administraciones
El modelo de cofinanciación establecido permite que las entidades locales aporten los materiales mientras el Estado cubre la totalidad de los salarios. Esta fórmula se ha mantenido a lo largo de las sucesivas ediciones del plan y ha demostrado su capacidad para movilizar recursos adicionales procedentes de la administración autonómica y provincial.
Las variaciones que puedan producirse durante la ejecución de las obras se comunicarán a través de las comisiones de seguimiento, que se reunirán periódicamente para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de contratación.
Perspectivas para el desarrollo rural en la provincia
La activación de estos 261 programas coincide con un momento en el que los municipios cordobeses buscan reforzar sus infraestructuras básicas y mejorar los espacios públicos. Las actuaciones incluyen mejoras en caminos rurales, instalaciones deportivas, centros sociales y equipamientos hidráulicos, entre otras tipologías habituales en este tipo de convocatorias.
El seguimiento de los resultados se realizará tanto en términos de jornales ejecutados como de calidad de las obras finalizadas. Las administraciones implicadas han subrayado la importancia de que los proyectos se ajusten a las necesidades reales de cada localidad para maximizar el impacto social y económico de la inversión pública.
