El partido Podemos ha comunicado al Gobierno su intención de rechazar el decreto ley sobre jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas si no incorpora medidas para convertir en fijos a cerca de 900.000 trabajadores interinos. Esta posición se hará efectiva durante la convalidación prevista en el pleno del Congreso del próximo jueves. La formación morada considera que el texto actual no aborda el problema estructural de la temporalidad abusiva en el sector público, a pesar de las sentencias reiteradas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a España a estabilizar estas plazas.
El conflicto surge porque el decreto, que desbloquea la jubilación parcial paralizada desde abril de 2025, permite contratar relevistas mediante fórmulas temporales cuando no sea posible formalizar contratos indefinidos de inmediato. Podemos exige que cualquier reforma incluya la fijeza de los interinos en situación de fraude de ley, recordando que el plazo concedido por la Comisión Europea expiró el pasado 29 de junio sin que se adoptaran soluciones definitivas.
Raíces históricas de la temporalidad en el empleo público
La acumulación de interinos en las administraciones españolas tiene su origen en décadas de prácticas de contratación temporal que se extendieron sin control tras la crisis económica de 2008. Muchas comunidades autónomas y ayuntamientos recurrieron a contratos de interinidad para cubrir necesidades estructurales sin convocar oposiciones, generando una plantilla precaria que hoy representa más del 30 por ciento del personal laboral en algunos territorios. Esta situación contraviene tanto la normativa española como las directivas europeas sobre trabajo de duración determinada.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido varias resoluciones desde 2018 que exigen reconocer la fijeza cuando se produce abuso de temporalidad. Casos como el de una funcionaria interina de la Junta de Andalucía o un técnico de la Comunidad de Madrid ilustran cómo los tribunales nacionales han empezado a aplicar estas sentencias, aunque la falta de una ley estatal coherente genera resoluciones dispares según la jurisdicción.
Presiones europeas y el riesgo de sanciones millonarias
La Comisión Europea concedió a España una prórroga tras el vencimiento del plazo de junio, pero mantiene abierto un procedimiento de infracción que podría derivar en multas diarias superiores a los 100.000 euros. La ausencia de un mecanismo de estabilización masiva afecta la credibilidad del país ante las instituciones comunitarias y complica la recepción de fondos Next Generation, ya que varios programas exigen cumplimiento de normas laborales europeas.
Países como Italia y Portugal, que enfrentaron problemas similares, optaron por procesos de estabilización extraordinarios que incluyeron exámenes simplificados y conversión directa de plazas. España, en cambio, ha optado por una estrategia fragmentada que combina oposiciones masivas con procesos de estabilización autonómicos, sin lograr reducir significativamente la tasa de interinidad.
Impacto en la gestión de recursos humanos públicos
La negativa de Podemos a apoyar el decreto sin incluir la fijeza complica la tramitación de la reforma de pensiones en el ámbito público. Las administraciones necesitan cubrir vacantes derivadas de jubilaciones parciales para mantener servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales. Sin relevistas, muchas plazas podrían quedar vacantes durante años debido a los plazos de las ofertas de empleo público.
El sector sanitario ofrece un ejemplo claro: hospitales de la red pública madrileña y catalana han visto cómo la imposibilidad de aplicar jubilación parcial desde 2025 ha incrementado la carga de trabajo de plantillas ya tensionadas. La contratación temporal de sustitutos a tiempo completo, permitida por el decreto como solución transitoria, no resuelve la inestabilidad estructural y genera rotación constante de personal cualificado.
Consecuencias sociales y laborales a medio plazo
La estabilización de 900.000 interinos no solo afecta a los trabajadores implicados, sino que tiene repercusiones en el mercado laboral general. Una plantilla pública más estable reduce la precariedad y mejora la calidad de los servicios, especialmente en zonas rurales donde la temporalidad ha dificultado la retención de profesionales. Sin embargo, la conversión masiva plantea desafíos presupuestarios, ya que los contratos indefinidos incrementan los gastos de personal en un momento de ajuste fiscal.
Organizaciones sindicales como CCOO y UGT han respaldado la exigencia de Podemos, argumentando que la reforma de la jubilación parcial debe formar parte de un paquete integral que incluya la Ley de Función Pública, actualmente bloqueada. Esta ley, de aprobarse sin abordar la temporalidad, perpetuaría un modelo dual que distingue entre personal fijo y temporal en condiciones similares de responsabilidad.
Escenarios futuros para la negociación política
El Gobierno dispone de margen para modificar el decreto antes de la votación o buscar apoyos alternativos entre otros grupos parlamentarios. La posible tramitación como proyecto de ley abre una ventana para introducir enmiendas que incorporen la estabilización de interinos, aunque requeriría consenso con formaciones que hasta ahora han mostrado reticencias a procesos de fijeza masiva.
El desenlace de este conflicto influirá en la credibilidad de España ante la Unión Europea y en la capacidad de las administraciones para planificar sus recursos humanos a largo plazo. Una solución que combine la jubilación parcial con compromisos claros de estabilización podría sentar precedente para futuras reformas del empleo público, mientras que un rechazo del decreto prolongaría la parálisis actual y aumentaría el riesgo de sanciones.
