La Procuraduría Federal del Consumidor ha publicado una actualización que revela cómo 1.721 estaciones de servicio continúan comercializando diésel por encima de los niveles observados en el resto del mercado nacional. Esta cifra persiste pese a la adhesión voluntaria de 8.481 gasolineras al acuerdo impulsado por el Gobierno federal, lo que representa el 83 por ciento del sector. El mecanismo busca contener el precio del combustible bajo los 27 pesos por litro a escala nacional y por debajo de 25.39 pesos en la frontera gracias a la tasa reducida de IVA.
Orígenes de la política de contención de precios
Desde 2017 México transitó hacia un esquema de precios liberados en combustibles, pero los choques internacionales posteriores obligaron a reactivar herramientas de estabilización. El Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel surgió como respuesta a incrementos súbitos derivados de tensiones geopolíticas y variaciones en el tipo de cambio. El Gobierno optó por combinar estímulos fiscales al IEPS con invitaciones directas a distribuidores privados, evitando así un control obligatorio que pudiera generar desabasto. Esta estrategia retoma experiencias anteriores aplicadas durante la pandemia, cuando se buscó preservar la movilidad de mercancías esenciales sin disparar la inflación subyacente.
Los datos difundidos por Profeco muestran que 435 estaciones se sumaron en la última quincena, lo que indica que la presión pública y la vigilancia de la dependencia siguen surtiendo efecto. Sin embargo, el remanente de 1.721 establecimientos que operan al margen revela resistencias estructurales vinculadas a contratos de suministro, márgenes regionales y costos logísticos diferenciados.
Repercusiones inmediatas en el transporte y la producción
El diésel representa entre 35 y 40 por ciento del costo operativo del autotransporte de carga. Cuando una estación cobra hasta tres pesos por litro por encima del promedio nacional, el impacto se traslada directamente a las tarifas de flete. Transportistas de productos perecederos en el corredor México-Querétaro han reportado incrementos de hasta 8 por ciento en sus cotizaciones durante los últimos dos meses, afectando principalmente a pequeños agricultores que carecen de poder de negociación. En el sector agropecuario, el encarecimiento del combustible eleva el costo de la maquinaria y el riego, lo que reduce márgenes ya de por sí estrechos en cultivos de temporal.
Efectos diferenciados en las regiones fronterizas
La aplicación de IVA al 8 por ciento en la franja fronteriza ha permitido mantener precios más bajos, pero las estaciones que permanecen fuera del acuerdo erosionan esa ventaja. Comerciantes de Tijuana y Ciudad Juárez indican que el diferencial de precio entre gasolineras adheridas y no adheridas alcanza los 2.8 pesos por litro, lo que incentiva el contrabando interno de combustible y distorsiona la competencia local. Esta situación también genera incentivos para que conductores crucen hacia Estados Unidos en busca de precios más estables, afectando la recaudación fiscal mexicana.
Presión sobre la competencia y la confianza institucional
La persistencia de estaciones reacias al acuerdo debilita la señal de que el Gobierno puede coordinar al sector privado sin imponer regulaciones rígidas. Pemex, que participa activamente mediante su red de última milla, ha logrado captar mayor volumen al ofrecer precios competitivos, pero las estaciones independientes que operan con márgenes elevados cuestionan la equidad del mecanismo. Analistas del sector energético advierten que, si la adhesión no alcanza el 95 por ciento, podría generarse una fragmentación del mercado donde los consumidores de menores ingresos terminen subsidiando indirectamente a los distribuidores más costosos.
Perspectivas de sostenibilidad a mediano plazo
El mantenimiento de estímulos al IEPS y la colaboración con la Asociación de Bancos de México para reducir comisiones electrónicas constituyen complementos necesarios, pero no suficientes. La dependencia de acuerdos voluntarios expone al Gobierno a riesgos de deserción cuando los precios internacionales repunten. Un escenario de mayor duración de estos mecanismos podría desplazar inversiones hacia tecnologías de ahorro de combustible o hacia flotas eléctricas en el transporte pesado, aunque la transición enfrenta limitaciones de infraestructura en rutas secundarias. Al mismo tiempo, la vigilancia continua de Profeco y la publicación periódica de listas negras refuerzan la transparencia, pero exigen recursos adicionales de supervisión que podrían destinarse a otras áreas de protección al consumidor.
La evolución del acuerdo dependerá de la capacidad del Gobierno para equilibrar incentivos fiscales con la presión reputacional sobre las estaciones rezagadas. Si el porcentaje de adhesión sigue creciendo al ritmo actual, el diésel podría estabilizarse por debajo de los 27 pesos durante el resto del año, contribuyendo a moderar la inflación de alimentos y servicios de transporte. En caso contrario, el diferencial de precios podría ampliarse y generar un efecto de bola de nieve sobre los costos logísticos nacionales, afectando especialmente a las cadenas de suministro que cruzan varias entidades federativas.
