La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó que a partir de 2026 aplicará multas superiores a medio millón de pesos y penas de hasta nueve años de prisión a quien posea loros, pericos o guacamayas nativas como mascotas. La medida refuerza la prohibición vigente bajo el Artículo 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre, que impide cualquier extracción, comercio o tenencia particular de estas especies.
El tráfico ilegal captura entre 34 mil y 41 mil 500 ejemplares cada año. Siete de cada diez aves mueren durante el traslado por condiciones extremas, mientras que las sobrevivientes sufren maltrato físico y estrés crónico que deriva en autolesiones y pérdida de capacidad de supervivencia. Esta dinámica acelera el declive de 22 especies de psitácidos mexicanas en solo tres décadas.
El pico de extracción ocurre entre marzo y mayo, coincidiendo con la temporada de anidación. Al eliminar la demanda doméstica, la Profepa busca cortar el financiamiento de las redes clandestinas. La ley no contempla regularización para tenencias previas, por lo que cualquier posesión actual mantiene el riesgo de sanciones penales y económicas.
