Dos iniciativas en el Congreso buscan modificar la Ley Federal del Trabajo para impedir que las empresas exijan experiencia laboral previa en vacantes de nivel inicial dirigidas a jóvenes sin antecedentes profesionales. La senadora Ruth González Silva plantea una prohibición directa acompañada de un estímulo fiscal del 25% sobre el salario durante los primeros dos años de contratación formal, siempre que se cumplan las obligaciones de seguridad social.
La segunda propuesta, presentada por el diputado Eduardo Gaona Domínguez, amplía el alcance a personas con discapacidad y prohíbe el requisito cuando funcione como barrera discriminatoria o injustificada. Ambos proyectos reconocen que la falta de experiencia afecta de manera desproporcionada a los 15.9 millones de jóvenes económicamente activos, cuya tasa de desempleo alcanza el 4.8% frente al 2.5% general.
Estas reformas enfrentan el círculo vicioso que impide a los jóvenes acceder a su primer contrato formal. Sin embargo, su efectividad dependerá de definiciones precisas sobre qué constituye un puesto inicial y de mecanismos que eviten el uso repetido del incentivo mediante rotación de personal. Si se aprueban, las medidas podrían reducir la informalidad juvenil, que actualmente llega al 58.8%, aunque no resolverán por sí solas la escasez de vacantes ni los salarios bajos.
