El Tivoli World de Benalmádena representa un caso singular dentro del tejido turístico de la Costa del Sol. Inaugurado en los años setenta como uno de los primeros parques de atracciones modernos de Andalucía, el recinto vivió décadas de éxito vinculado al boom del turismo de sol y playa. Su cierre hace seis años coincidió con la crisis económica que golpeó al sector del ocio familiar y con dificultades de gestión que desembocaron en un proceso concursal. Desde entonces el espacio ha permanecido inactivo, pero un grupo reducido de antiguos empleados ha asumido de forma voluntaria las tareas de vigilancia y mantenimiento básico.
El protocolo firmado hace un año entre el Ayuntamiento de Benalmádena y el grupo Tremón marcó el primer paso formal para recuperar la actividad. Sin embargo, la tramitación urbanística avanza con lentitud propia de los procedimientos autonómicos. El pasado 15 de julio el consistorio remitió a la Junta de Andalucía el documento de Actuación de Transformación Urbanística, iniciando un plazo de tres meses para el informe ambiental estratégico. Esta secuencia administrativa ilustra cómo los proyectos de recuperación de equipamientos turísticos heredados se enfrentan a capas sucesivas de regulación que dilatan cualquier horizonte de reapertura efectiva.
La trayectoria histórica del parque y su cierre
Durante más de cuatro décadas Tivoli World funcionó como complemento estacional a la oferta hotelera de Benalmádena. Su modelo combinaba atracciones mecánicas con espectáculos y zonas verdes, atrayendo tanto a turistas extranjeros como a familias andaluzas. El declive se aceleró cuando los costes de mantenimiento superaron los ingresos en un contexto de competencia creciente de parques temáticos más grandes situados en otras provincias. El cierre definitivo dejó sin empleo a 23 trabajadores fijos y rompió una cadena de proveedores locales que dependían de la temporada estival del recinto.
La decisión de algunos extrabajadores de permanecer en las instalaciones sin salario surgió de la convicción de que el abandono físico aceleraría la depreciación del suelo y de las atracciones. Juan Carmona, uno de los vigilantes permanentes, instaló por su cuenta un sistema de 32 cámaras tras sufrir varios intentos de robo entre 2020 y 2021. Su testimonio revela una forma de apego profesional que trasciende la relación laboral formal y que ha permitido mantener el recinto en condiciones mínimas durante seis veranos consecutivos.

El proceso administrativo actual y sus implicaciones
La remisión del avance urbanístico a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul abre una nueva fase técnica. El informe ambiental estratégico evaluará el impacto de las futuras reformas sobre el entorno costero y determinará restricciones o compensaciones ecológicas. Una vez aprobado, quedará un mes para redactar el Instrumento de Ordenación Urbanística Detallada, documento que definirá usos concretos y alturas edificables dentro del recinto. Este calendario pone de manifiesto que la reapertura depende menos de voluntad política inmediata que de la capacidad de coordinación entre administraciones locales y autonómicas.
La experiencia de otros municipios andaluces muestra que los retrasos en estos trámites suelen extenderse más allá de los plazos legales. En casos similares de recuperación de parques de atracciones, la fase de informes ambientales ha consumido hasta dieciocho meses adicionales, periodo durante el cual los trabajadores continúan sin percibir ingresos por sus labores de custodia.
Impacto en el empleo y la comunidad local
La situación de los antiguos empleados ilustra un vacío legal en la protección de trabajadores vinculados a empresas en liquidación. Aunque el convenio colectivo preveía ciertas obligaciones de mantenimiento durante el concurso, la falta de fondos ha trasladado esa responsabilidad a los propios afectados. De los 23 fijos originales, apenas diez siguen participando de forma activa; varios han alcanzado la edad de jubilación y otros han aceptado empleos precarios en hostelería para subsistir. La posibilidad de que más de uno regrese “con los ojos cerrados” si el parque reabre evidencia la escasez de alternativas laborales cualificadas en el sector del ocio en la zona.
Desde el punto de vista social, la presencia continua de vigilantes ha reducido el número de ocupaciones ilegales y actos vandálicos. La colaboración informal con la Policía Nacional ha permitido más de cien intervenciones desde la instalación de cámaras. Este modelo de autoprotección comunitaria podría replicarse en otros espacios turísticos abandonados, aunque plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de una solución que descansa en el voluntariado de personas sin ingresos.
Efectos en el desarrollo urbano y turístico de Benalmádena
La recuperación de Tivoli World forma parte de una estrategia más amplia de renovación de la oferta de ocio en Benalmádena, municipio que busca diversificar su economía más allá del alojamiento hotelero. La transformación urbanística prevista incluye mejoras en accesos y zonas ajardinadas que podrían integrarse con el paseo marítimo existente. Si el proyecto culmina, el parque podría generar entre 80 y 120 empleos directos estacionales, según estimaciones preliminares de los promotores, y reactivar una red de proveedores de mantenimiento, alimentación y espectáculos.
El precedente de parques similares en la Costa Brava y en la Comunidad Valenciana indica que la reapertura de equipamientos emblemáticos suele traducirse en un incremento del gasto medio por visitante en un radio de cinco kilómetros. Sin embargo, ese efecto depende de que las reformas mantengan el carácter familiar original y no se conviertan en un simple centro comercial al aire libre. La presión sobre el litoral andaluz, sometido a creciente regulación ambiental, añade una variable adicional: cualquier ampliación de superficie construida deberá compensarse con medidas de restauración paisajística.
Perspectivas a largo plazo para el sector del ocio
El caso de Tivoli World anticipa los desafíos que enfrentará el sector del ocio regional en la próxima década. La combinación de trámites ambientales más exigentes, costes energéticos elevados y escasez de mano de obra cualificada obligará a los promotores a diseñar modelos híbridos que combinen atracciones tradicionales con experiencias digitales de bajo consumo. Los trabajadores que han protegido las instalaciones durante seis años demuestran que el capital humano acumulado puede constituir un activo diferencial frente a proyectos que parten de cero. La pregunta que queda abierta es si el marco normativo actual será capaz de acelerar los plazos sin sacrificar las garantías ambientales que la Junta de Andalucía exige para cualquier actuación en zona costera.
