Desde 2018, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ha registrado pérdidas superiores a USD 27.1 millones por el robo sistemático de hidrocarburos. Hasta julio de 2026 se detectaron 1.380 perforaciones ilegales en el poliducto y la sustracción total alcanzó 35.2 millones de litros. El diésel representa el 51.2 % del volumen robado y el Jet A-1 el 31.8 %, ambos combustibles de alta demanda en transporte y aviación.
El fenómeno ha evolucionado hacia estructuras criminales organizadas que utilizan el combustible robado en narcotráfico y actividades ilícitas. La Ley 9852, vigente desde 2020, ha permitido 950 denuncias judiciales y 86 condenas, con penas de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, 673 expedientes permanecen activos, lo que evidencia la lentitud del sistema para desarticular las bandas.
Respuestas institucionales
Recope ha combinado monitoreo tecnológico con campañas de denuncia ciudadana. En 2025 se recibieron 191 alertas confidenciales, un incremento respecto a años anteriores. La empresa advierte que cada perforación no solo genera pérdidas económicas, sino que eleva el riesgo de explosiones, derrames y daños a la infraestructura energética nacional. La coordinación entre tecnología, denuncias y justicia sigue siendo el principal desafío para contener el avance de este delito.
