El Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana ha retomado el proceso de actualización del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Centro de Población, incorporando observaciones técnicas y políticas que surgieron durante las últimas semanas. La versión actual retoma estudios previos del Consejo Coordinador Empresarial y del propio IMPLAN, y ahora enfrenta la etapa final de ajustes antes de su posible emisión en los próximos días.
El convenio de mayo como punto de partida
El 20 de mayo se firmó un convenio de colaboración entre el Colegio de Arquitectos de Tijuana y el IMPLAN. Ese acuerdo permitió que los arquitectos entregaran observaciones técnicas formales que ahora forman parte del documento. La participación del Colegio no fue meramente consultiva: aportó criterios sobre densificación y verticalidad que antes carecían de suficiente detalle en los estudios iniciales del CCE.
Tiempo reducido para análisis técnico
José Luis Araiza Velasco, presidente del Colegio de Arquitectos, señaló que el plazo otorgado para revisar el contenido y emitir comentarios resultó insuficiente. Esta limitación temporal plantea interrogantes sobre la profundidad con la que pudieron evaluarse aspectos como la distribución de usos de suelo en zonas de alta demanda y los efectos de permitir mayor altura en edificaciones cercanas al centro histórico.
La presión por cumplir plazos administrativos puede generar lagunas en la regulación. En ciudades fronterizas con crecimiento acelerado como Tijuana, una norma elaborada con prisa suele requerir modificaciones posteriores que generan incertidumbre para inversionistas y residentes.
Observaciones del Cabildo y retroalimentación
Tras la presentación ante el Cabildo, el proyecto regresó al IMPLAN con múltiples comentarios. Este ciclo de revisión evidencia que el documento inicial no logró conciliar todas las visiones políticas y técnicas presentes en el ayuntamiento. Los regidores cuestionaron principalmente los criterios de densificación en áreas ya saturadas y la falta de mecanismos claros para mitigar impactos viales.
El regreso del reglamento al instituto para incorporar ajustes demuestra que el proceso no es lineal. Cada iteración añade capas de complejidad que, aunque mejoran el texto, también retrasan su aplicación efectiva y obligan a replantear cronogramas de desarrollo urbano ya aprobados.
Verticalidad y densificación como ejes centrales
El reglamento busca establecer límites y estímulos para construcciones verticales y para aumentar la densidad en zonas seleccionadas. Estos dos temas representan el cambio más significativo respecto a la regulación anterior. La verticalidad permite aprovechar mejor el suelo urbano escaso, pero exige simultáneamente mejoras en infraestructura de transporte y servicios que aún no están garantizadas en todas las áreas contempladas.
La densificación, por su parte, puede reducir la presión sobre terrenos periféricos, sin embargo, genera resistencia entre vecinos que temen pérdida de calidad de vida por mayor congestión. El equilibrio entre estos objetivos dependerá de cómo se apliquen los coeficientes específicos que el IMPLAN aún está definiendo.
Perspectivas de los principales actores
El IMPLAN prioriza la ordenación del crecimiento y la actualización de un marco normativo que data de varios años. El Colegio de Arquitectos busca que los criterios técnicos prevalezcan sobre decisiones políticas apresuradas. El Cabildo, en cambio, introduce consideraciones de gobernabilidad y aceptación social que pueden modificar o incluso diluir algunas propuestas técnicas. El CCE, mientras tanto, defiende la necesidad de agilizar trámites para atraer inversión inmobiliaria en un contexto de alta demanda habitacional.
Estas posiciones no siempre coinciden. Los arquitectos advierten sobre riesgos de saturación si la verticalidad se permite sin suficientes estudios de capacidad vial. Los empresarios destacan que demoras adicionales encarecen proyectos ya planeados. Los regidores, por su parte, enfrentan la presión de comunidades que exigen mayor participación antes de autorizar cambios de uso de suelo.
Riesgos de implementación y tendencias futuras
Una vez emitido el reglamento, el principal riesgo radica en su aplicación inconsistente. Tijuana ha vivido en el pasado la experiencia de normas que se modifican mediante excepciones o interpretaciones laxas, lo que erosiona la credibilidad del planeamiento urbano. Si el nuevo documento no incluye mecanismos claros de fiscalización, los objetivos de ordenamiento podrían quedar en el papel.
En el mediano plazo, el reglamento podría servir como complemento efectivo del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población. Sin embargo, su éxito dependerá de que el IMPLAN mantenga actualizados los estudios de impacto y de que exista coordinación continua con el Colegio de Arquitectos y el sector empresarial. De lo contrario, Tijuana repetirá el patrón de regulaciones que se quedan obsoletas antes de cumplir una década.
La actualización actual representa una oportunidad para alinear el crecimiento vertical con inversiones reales en movilidad y servicios públicos. Si esta alineación no se logra, el reglamento podría acelerar problemas de congestión en lugar de resolverlos, especialmente en corredores ya identificados como críticos por los estudios previos del CCE.
