La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, asumirá el cargo el 28 de julio de 2026 y enfrentará de inmediato la tarea de estimular la inversión privada para reducir las brechas de infraestructura. Su mandato de cinco años se desarrollará en un contexto de presiones fiscales crecientes y la necesidad de destinar recursos a emergencias climáticas y de seguridad.
Fujimori ha confirmado la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva, decisión que busca preservar la estabilidad monetaria tras dos décadas de gestión. Velarde, quien ha servido bajo diez presidentes, aceptó el cargo con disposición y representa un punto de continuidad en la política económica.
Objetivos de crecimiento y equilibrio fiscal
La mandataria electa se ha comprometido a duplicar el ritmo de expansión del producto interior bruto hacia el final de su gobierno. Las proyecciones sitúan el crecimiento en 3,2 % para 2026, mientras que el déficit fiscal deberá mantenerse en torno al 1 % del PIB. Además, se contempla un incremento de un punto porcentual en la deuda pública para financiar proyectos de inversión productiva.
Estas metas se enfrentan a un escenario fiscal complicado. El Congreso saliente aprobó un crédito suplementario superior a 2 000 millones de dólares para el presupuesto actual, pero analistas advierten que la cifra resulta insuficiente ante el aumento estructural del gasto.
Presiones sobre las cuentas públicas
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ha señalado que Fujimori heredará un desorden fiscal significativo y obligaciones sin financiamiento definido. Un conjunto de leyes aprobadas en los últimos meses incrementa el gasto público en 36 700 millones de soles, equivalentes a aproximadamente 10 700 millones de dólares o el 3 % del PIB.
Según Segura, este año se incumplirán por tercer año consecutivo las reglas de crecimiento del gasto y por cuarto las reglas fiscales en su conjunto. Los incrementos salariales y de pensiones a empleados públicos y militares en retiro forman parte de las medidas que complican el panorama.
Revisión de normas y reasignación de recursos
El economista Julio Del Castillo considera necesario revisar las disposiciones emitidas por el Parlamento debido a su impacto adverso en las finanzas públicas. El foco debe desplazarse del gasto corriente hacia la inversión y la atención de necesidades urgentes, evitando incrementos permanentes que restrinjan la capacidad de respuesta del Estado.
Entre las prioridades inmediatas figura la preparación ante el fenómeno de El Niño, cuyas lluvias e inundaciones podrían afectar sectores económicos y regiones específicas con intensidad extraordinaria. Las medidas de mitigación requerirán recursos adicionales que no están contemplados en el presupuesto vigente.
Cartera de proyectos y condiciones externas
Perú cuenta con 116 proyectos de asociación público-privada valorados en 70 000 millones de dólares pendientes de desarrollo. La prioridad recae en infraestructura de comunicación y obras que ya disponen de financiamiento comprometido, según Del Castillo.
El contexto internacional resulta favorable por los precios elevados de los metales, principales productos de exportación del país. Esta coyuntura podría permitir que la economía peruana alcance una velocidad de crecimiento superior a la registrada durante el último quinquenio, marcado por cuatro cambios de gobierno consecutivos.
La transición de Fujimori transcurre sin alteraciones mayores, centrada en la consolidación de un marco que combine atracción de capital privado con un ordenamiento del gasto que permita atender demandas sociales y climáticas sin comprometer la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.
