El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ejecutó el 23 de julio de 2026 la mayor acción individual de sanciones financieras contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación. La medida incluyó a 55 personas y entidades, entre ellas el nuevo líder identificado como Juan Carlos González, alias “Pelón”. Esta operación superó en escala a todas las anteriores registradas en tres décadas de esfuerzos contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico mexicano.
Antes de esta acción, en junio de 2025, la Red de Control de Crímenes Financieros ya había señalado a tres instituciones mexicanas por su presunta participación en operaciones de lavado vinculadas al tráfico de opioides. CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa quedaron excluidas del sistema financiero estadounidense a partir de octubre de ese año. Las tres administraban activos combinados superiores a 22 mil millones de dólares.
Instituciones mexicanas bajo escrutinio
FinCEN determinó que CIBanco facilitó operaciones para el Cártel Beltrán Leyva, el CJNG y el Cártel del Golfo. Intercam fue vinculado principalmente al CJNG, mientras que Vector procesó transacciones del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo, incluyendo pagos a proveedores chinos de precursores químicos para fentanilo. Entre 2013 y 2021, un enlace financiero del Cártel de Sinaloa lavó al menos dos millones de dólares a través de Vector. La medida se aplicó bajo la Ley FEND Off Fentanyl y marcó la primera exclusión de entidades mexicanas de esta magnitud.
Acuerdos previos con grandes bancos
En diciembre de 2012, HSBC Holdings llegó a un acuerdo de 1.900 millones de dólares con autoridades estadounidenses por deficiencias en controles contra el lavado. De esa suma, 1.256 millones correspondieron a decomiso. La investigación estableció que al menos 881 millones de dólares en ganancias del narcotráfico circularon por sus cuentas entre 2006 y 2010, principalmente vinculados al Cártel de Sinaloa y al Cartel del Norte del Valle. HSBC Bank USA no supervisó más de 670 mil millones de dólares en transferencias electrónicas ni 9.400 millones en compras de dólares físicos procedentes de su filial mexicana.
En marzo de 2010, Wachovia acordó pagar 160 millones de dólares por procesar al menos 378.400 millones de dólares desde casas de cambio mexicanas sin controles adecuados entre 2004 y 2007. El Cártel de Sinaloa utilizó esa red para mover fondos, parte de los cuales se destinaron a la compra de aeronaves empleadas en el transporte de cocaína. El fiscal federal Jeffrey Sloman señaló en ese momento que la falta de supervisión otorgó a los cárteles una ventaja operativa significativa.
Redes de empresas y testaferros
Las sanciones también han apuntado de forma sostenida a la infraestructura financiera de las organizaciones. En julio de 2021, la OFAC designó al abogado José Antonio Núñez Bedoya por crear empresas fantasma vinculadas a Ismael “El Mayo” Zambada. Entre los bienes bloqueados figuraron un parque acuático y un centro comercial en Culiacán, así como un rancho en Sinaloa. Acciones posteriores alcanzaron operadores de Los Chapitos en Mexicali y Mazatlán, incluyendo empresas como Tapgas México y varios negocios de servicios en la costa, donde familiares aparecían como propietarios nominales.
Marco legal y alcance actual
La autoridad para estas medidas se consolidó a lo largo de tres décadas. La OFAC opera desde 1995 con facultades de bloqueo de activos. La Ley Kingpin de 1999 amplió el alcance a líderes mexicanos. El Cártel de Sinaloa fue designado en 2009 y el CJNG en 2015. En febrero de 2025, el Departamento de Estado incluyó a seis organizaciones mexicanas en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que permite sanciones secundarias a bancos extranjeros que procesen sus transacciones.
Hasta julio de 2026, la OFAC ha sancionado a más de 600 individuos y entidades vinculados al Cártel de Sinaloa y a más de 250 relacionados con el CJNG. La acción más reciente contra este último grupo incluyó 39 personas físicas y 16 entidades, con bloqueo inmediato de activos en territorio estadounidense y prohibición de transacciones para ciudadanos y empresas de ese país. Las cifras reflejan la evolución de una estrategia que combina sanciones directas con presión sobre el sistema financiero internacional.
