El Servicio de Administración Tributaria recordó que la modificación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita busca cerrar espacios utilizados para el lavado de dinero a través del arrendamiento de propiedades. La medida, vigente desde hace meses, obliga a los contribuyentes que superen ciertos umbrales mensuales a inscribirse en el padrón de actividades vulnerables y a reportar cada contrato que rebase el límite.
Umbral y alcance de la obligación
La autoridad fiscal estableció que cualquier persona que reciba por concepto de renta una suma superior a mil 605 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al mes debe cumplir con el registro. En 2026 esa cantidad equivale a 188 mil 282.55 pesos mensuales. La regla abarca casas, departamentos, bodegas y cualquier otro inmueble, y considera la suma total de todos los contratos que tenga un mismo arrendador.
De esta forma, quien posea varias propiedades y el ingreso conjunto supere el monto señalado queda obligado a presentar aviso ante el SAT, independientemente de que cada contrato individual sea inferior al límite. La medida elimina la posibilidad de fraccionar ingresos para evadir la supervisión.
Antecedentes de la reforma
El cambio normativo responde a observaciones de organismos internacionales que recomendaron a México reforzar el control sobre sectores donde el efectivo y la opacidad contractual facilitan el ocultamiento de recursos ilícitos. El arrendamiento de inmuebles figuraba entre las actividades más señaladas por su facilidad para recibir pagos en efectivo o a través de estructuras empresariales complejas.
Especialistas consultados explican que operaciones como el pago por terceros, la permanencia de inmuebles vacíos o la aparición de múltiples arrendatarios en un mismo contrato han sido patrones recurrentes en expedientes de lavado vinculados al crimen organizado y al fraude fiscal.
Reacciones de abogados y sector inmobiliario
Abogados especializados en derecho fiscal advierten que la nueva obligación genera costos administrativos adicionales para pequeños y medianos arrendadores, quienes ahora deben llevar un control más estricto de sus ingresos y presentar avisos periódicos. Algunos representantes del sector inmobiliario solicitan mayor claridad sobre los plazos y los formatos de reporte para evitar sanciones por errores formales.
Por otro lado, analistas del sistema financiero consideran que la medida contribuye a alinear a México con estándares internacionales de transparencia y reduce el atractivo de los bienes raíces como canal para integrar recursos de origen ilícito.
Contexto regional y medidas complementarias
Países de América Latina han adoptado esquemas similares que exigen registro de operaciones inmobiliarias por encima de ciertos montos. En México, la estrategia también incluye la promoción de pagos electrónicos y la supervisión de notarios y corredores públicos que participan en la formalización de contratos.
El SAT ha señalado que no dispone de cifras exactas sobre la magnitud del problema, pero reitera que la prevención requiere reducir los espacios donde el efectivo y la falta de trazabilidad permiten el lavado. La institución mantiene que la vigilancia se concentra en patrones de riesgo y no en la totalidad de los contratos de arrendamiento.
La implementación de estas disposiciones forma parte de un esfuerzo más amplio de la Secretaría de Hacienda para fortalecer los controles contra el financiamiento ilícito sin afectar la operación legítima del mercado de renta de inmuebles.
