La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar el artículo 74 de la reforma a la Ley del ISSSTEZAC marca un punto de inflexión en la administración de sistemas de pensiones estatales en México. Al reducir de 60 a 30 días el aguinaldo para quienes inicien su jubilación a partir del 11 de agosto de 2024, el tribunal reconoció la existencia de un déficit actuarial de 54 mil 168 millones de pesos y priorizó la viabilidad financiera del instituto por encima de prestaciones futuras.
¿Qué justifica realmente el recorte aprobado?
El crecimiento exponencial de la nómina de pensiones explica la urgencia de la medida. Entre 2021 y 2025 el gasto pasó de 77 a 126 millones de pesos mensuales, un incremento del 63.6 por ciento en apenas cuatro años. Las proyecciones del propio ISSSTEZAC anticipan que en 2027 la cifra alcanzará 150 millones. Con 6 mil 614 pensionados frente a 18 mil 122 trabajadores activos, la relación de 2.78 cotizantes por jubilado resulta insuficiente para sostener prestaciones históricas sin ajustes estructurales.
La Corte dejó claro que la seguridad social constituye un derecho humano que no puede condicionarse a la disponibilidad presupuestaria, por lo que anuló los artículos 128 y 128 Bis. Esta distinción resulta clave: el recorte al aguinaldo se considera proporcional y justificado, mientras que subordinar el pago de pensiones a la capacidad financiera del instituto se declaró inconstitucional.
Impacto diferenciado entre generaciones de trabajadores
Los trabajadores que ya cumplían requisitos antes del 11 de agosto de 2024 conservan íntegramente sus 60 días de aguinaldo. En cambio, quienes tramiten su jubilación bajo el nuevo esquema enfrentan una reducción del 50 por ciento en esa prestación. Esta línea temporal genera dos grupos con derechos distintos dentro de la misma institución y plantea interrogantes sobre la equidad intergeneracional en sistemas de reparto.
El mecanismo adicional aprobado en 2024 obliga a trabajadores activos y patrones a aportar quincenalmente una fracción específica para financiar aguinaldos futuros. En la práctica, parte del salario actual de los empleados en activo se destina directamente a cubrir prestaciones de quienes ya se retiraron, modificando el equilibrio tradicional entre contribución y beneficio.
Perspectivas contrapuestas de los actores involucrados
El gobierno estatal de Zacatecas argumenta que la reforma preserva la solvencia del instituto y evita un colapso que afectaría a todos los pensionados. Los datos del Anexo 21 de Riesgos de la Secretaría de Finanzas respaldan esta postura al clasificar al ISSSTEZAC como uno de los principales riesgos financieros de mediano plazo, con adeudos acumulados de 297 millones de pesos.
Los sindicatos y organizaciones de trabajadores, por su parte, cuestionan que el recorte recaiga exclusivamente sobre quienes aún no se jubilaron, mientras se mantiene intacta la prestación de quienes ya reciben pensión. Consideran que la medida erosiona derechos laborales adquiridos mediante negociación colectiva y que la aportación quincenal representa una carga adicional sobre el salario actual sin garantía de que el fondo se administre de manera transparente.
Riesgos de contagio hacia otros sistemas estatales
Aunque la resolución tiene alcance estrictamente local y no modifica las reglas del IMSS ni del ISSSTE federal, el criterio jurídico establecido podría servir de precedente. Estados con sistemas de pensiones deficitarios similares podrían invocar el mismo argumento de viabilidad financiera para reducir prestaciones futuras. El caso de Zacatecas muestra que cuando el déficit actuarial supera los 54 mil millones de pesos y la nómina crece al 63 por ciento en cuatro años, los tribunales tienden a aceptar ajustes siempre que no se apliquen de forma retroactiva.
Para 2027 se espera que más de 4 mil 331 trabajadores cumplan requisitos de jubilación, elevando el número de pensionados a 7 mil 873. Si otros estados replican la fórmula, el recorte de aguinaldos podría convertirse en una tendencia regional en lugar de una excepción zacatecana.
Escenarios futuros y tensiones estructurales
El fallo abre la puerta a reformas similares en entidades con problemas actuariales comparables, pero también genera presión para que los gobiernos estatales refuercen los mecanismos de financiamiento antes de que los déficits alcancen niveles críticos. La aportación quincenal de trabajadores activos representa un intento de distribuir el costo entre generaciones, aunque su efectividad dependerá de la disciplina fiscal y de la evolución demográfica del padrón de derechohabientes.
La distinción establecida por la Corte entre prestaciones ya adquiridas y expectativas futuras podría alentar litigios adicionales sobre la naturaleza exacta de los derechos pensionarios. Mientras tanto, el ISSSTEZAC enfrenta el reto de equilibrar la sostenibilidad financiera con la percepción de justicia entre sus afiliados, un equilibrio que otros institutos estatales observan con atención.
