La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, presentó una demanda de nulidad parcial ante el Consejo de Estado contra los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026. Esa norma, expedida tras la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño, autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar traslados presupuestales sin intervención previa del Congreso. La acción judicial incluye una solicitud de suspensión provisional para que esas facultades queden en suspenso mientras se resuelve el fondo del asunto.
El decreto se fundamenta en proyecciones del Ideam y la NOAA que estiman más del 95 % de probabilidad de intensificación del fenómeno durante el segundo semestre de 2026 y un 63 % de que alcance categoría muy fuerte. El Gobierno menciona obligaciones pendientes por 2,76 billones de pesos en el mercado de energía mayorista y riesgos para 558 municipios en materia de generación hidroeléctrica y abastecimiento de agua.
Choque de poderes en la asignación de recursos
La demanda sostiene que la Constitución reserva al Congreso la aprobación y modificación del Presupuesto General de la Nación, salvo las excepciones expresas previstas por la ley. Según Posada, la declaratoria de desastre no equivale a un estado de excepción que permita al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley para modificar partidas presupuestales. El artículo 4 ordena garantizar recursos inmediatos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y autoriza a la Dirección General de Presupuesto a efectuar los traslados que soliciten las entidades competentes. El artículo 5 crea una subcuenta temporal denominada “Fenómeno del Niño 2026-2027” para aislar contablemente los recursos de la emergencia.
Esta interpretación genera un primer punto de tensión: el Ejecutivo considera que la urgencia climática justifica agilizar el flujo de recursos, mientras la oposición advierte que se crea un mecanismo de asignación discrecional sin controles legislativos. La senadora ha calificado la medida como un “cheque en blanco” para ejecutar recursos “a dedo” hasta el 7 de agosto, fecha límite que menciona en su publicación en X.
Impacto en el sector energético y contratación pública
El traslado de recursos sin aprobación congresional afecta directamente a las empresas generadoras y distribuidoras que enfrentan pagos pendientes por 2,76 billones de pesos. Una reasignación acelerada podría priorizar contratos de emergencia en regiones vulnerables, pero también abre la puerta a procesos de selección abreviados que reducen los tiempos de licitación. Históricamente, los Fondos de Gestión del Riesgo han registrado sobrecostos superiores al 30 % en contrataciones de urgencia durante eventos climáticos anteriores, según informes de la Contraloría General de la República.
Los municipios con riesgo alto y muy alto, identificados en 558 localidades, dependen de que los recursos lleguen antes de la temporada seca intensificada. Sin embargo, la falta de lineamientos claros sobre criterios de priorización genera incertidumbre entre gobernadores y alcaldes que compiten por los mismos fondos.
Perspectivas del Gobierno, la oposición y los organismos de control
El Ejecutivo defiende el decreto como una herramienta necesaria para prevenir apagones y racionamientos prolongados. Los informes técnicos de Ideam y NOAA respaldan la necesidad de actuar con anticipación. En contraste, la senadora Posada y otros legisladores del Centro Democrático argumentan que el Congreso debe mantener su rol de control incluso en situaciones de emergencia declarada. La Contraloría y la Procuraduría, por su parte, han señalado en casos previos que los traslados presupuestales realizados bajo declaratorias de desastre requieren auditoría posterior reforzada para evitar desviaciones.
Una segunda demanda presentada por la misma senadora cuestiona el traslado de 4 billones de pesos desde Ecopetrol hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante el Decreto 0765 de 2026. Ese proceso plantea interrogantes adicionales sobre la legalidad de comprometer vigencias futuras con base en riesgos aún no materializados.
Riesgos de precedentes y erosión institucional
Permitir modificaciones presupuestales por vía administrativa en el marco de una emergencia climática podría sentar un precedente aplicable a futuros eventos, desde sequías hasta inundaciones o crisis sanitarias. El riesgo principal radica en la concentración de decisiones en el Ministerio de Hacienda sin que el Congreso ejerza su función de deliberación y control político. Esta dinámica debilita el principio de separación de poderes y reduce la transparencia en la ejecución de recursos públicos.
Además, la creación de subcuentas temporales sin topes específicos facilita la reasignación de partidas originalmente destinadas a otros sectores, como educación o infraestructura, hacia contratos de emergencia. La experiencia de la pandemia mostró que mecanismos similares generaron procesos contractuales con menor competencia y mayor probabilidad de irregularidades detectadas posteriormente por órganos de control.
Escenarios futuros y posibles desenlaces judiciales
El Consejo de Estado deberá decidir primero sobre la medida cautelar de suspensión provisional. Si la concede, los traslados presupuestales quedarían congelados hasta que se resuelva la nulidad, lo que podría retrasar la atención de la emergencia. Si la deniega, el Gobierno mantendrá la capacidad de movilizar recursos mientras el proceso avanza en el fondo.
En el mediano plazo, una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos cuestionados obligaría al Ejecutivo a presentar proyectos de ley específicos ante el Congreso para obtener autorizaciones presupuestales extraordinarias. Este escenario reforzaría el rol del Legislativo en la supervisión de emergencias climáticas, pero también podría ralentizar respuestas ante eventos de rápida evolución. Por el contrario, una decisión favorable al Gobierno ampliaría el margen de maniobra administrativa en situaciones similares, con el consecuente debate sobre los límites del poder presidencial en contextos de crisis ambiental.
