La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel y la empresa Ingemar por presunto huachicol fiscal. Durante su conferencia en Cuernavaca, Sheinbaum precisó que las pesquisas han identificado a otras compañías vinculadas al mismo esquema de contrabando de diésel.
Según la causa penal, once empresas formaron una red que simulaba operaciones comerciales para justificar la cesión ilegal de hidrocarburos. Cuatro de ellas actuaban como destinatarias finales, almacenando y distribuyendo el combustible a gasolineras. La mandataria subrayó que el caso no se limita a ferrotanques que cruzaron la frontera sin declarar la carga completa, sino que abarca el almacenamiento y la venta posterior del producto.
La duración de un año de las pesquisas revela la complejidad de rastrear cada etapa del flujo ilícito. Al examinar cómo se distribuía el diésel a estaciones de servicio, la Fiscalía amplió el foco hacia empresarios y sociedades que participaron en la cadena de contrabando. Esta ampliación confirma que el esquema requería coordinación sostenida entre importadores, almacenistas y distribuidores para evadir controles fiscales.
Sheinbaum reiteró que la investigación continúa activa y que no se descartan nuevas vinculaciones. El caso expone la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en el cruce fronterizo y en la comercialización interna de combustibles, a fin de impedir que estructuras similares operen con impunidad.
